Honduras

Vuelven las ciudades modelo a Honduras

La zona de Trujillo y Amapala están consideradas como potenciales parada desarrollar una primera etapa de las zonas especiales de desarrollo.

07.04.2014

El Congreso Nacional conoció la noche del lunes un nuevo proyecto de ley encaminado a crear los Regímenes Especiales de Desarrollo, o ciudades modelo,
que el año pasado fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia.

De esta forma, el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y el Congreso que controla vuelven a la carga para que este proyecto sea una realidad en el país.

El presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, anticipó que el proyecto ahora no tendrá problemas jurídicos porque se tomaron en cuenta las observaciones hechas por la Corte Suprema de Justicia y que sirvieron de base para declarar inconstitucional la ley aprobada el año pasado.

Hernández no explicó porqué entonces, si tomaron como base esas recomendaciones, tanto él como el Presidente de la República lanzaron fuertes ataques al Poder Judicial por su decisión.

El Congreso aprobará este nuevo cuerpo jurídico antes de que finalice esta tercera legislatura para ratificarlo con mayoría calificada en la cuarta que comienza el 25 de enero.

“Su propósito es acelerar la adopción de tecnologías que permiten producir con alto valor agregado, en un ambiente estable, con reglas transparentes que permitan atraer las inversiones que se requieren para crecer aceleradamente, crear los empleos que se necesitan para reducir las desigualdades sociales, dotar a la población de los servicios de salud, educación y seguridad pública”, dice la exposición de motivos presentada por el diputado juanorlandista, Rodolfo Irías Navas.

El proyecto de ley propone la creación de los siguientes doce regímenes especiales: centros financieros internacionales, centros logísticos internacionales, ciudades autónomas, cortes comerciales internacionales, distritos especiales de inversión, distritos energéticos renovables, zonas económicas especiales, zonas sujetas a un sistema jurídico especial, zonas agroindustriales especiales, zonas turísticas especiales, zonas mineras sociales y zonas forestales sociales.

Según la propuesta jurídica, esas zonas “gozarán de autonomía funcional y administrativa”.

“Su creación únicamente se podrá hacer con plebiscito o referéndum. Su ley orgánica solo podrá ser modificada previa consulta con la población que habite la zona sujeta a un régimen especial”.

“La resolución de conflictos dentro de estos regímenes especiales se hará a través de juzgados y tribunales sujetos a una jurisdicción especial del Poder Judicial o a través del arbitraje obligatorio para ciertas materias”.

“Estos regímenes especiales estarán sujetos a un procedimiento especial para la formación, sanción y promulgación de las leyes que se requieran para que las mismas tengan un entorno económico, legal y jurisdiccional adecuado para ser competitivas a nivel internacional”.

Cada zona especial de desarrollo estará sujeta a jurisdicciones especiales “que deberán formar parte del Poder Judicial”.

La nueva ley modifica los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República.

El 294 ahora se leerá así: “El territorio nacional se dividirá en departamentos y zonas sujetas a regímenes especiales de conformidad con el artículo 329 de esta Constitución. Su creación y límites serán decretados por el Congreso Nacional. Los departamentos se dividirán en municipios autónomos administrados por corporaciones electas por el pueblo, de conformidad con la ley”.

El 303 se leerá así: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes. El Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia, por jurisdicciones especiales para las zonas del territorio nacional sujetas a regímenes especiales creados por la Constitución de la República, por las Cortes de Apelaciones, los juzgados y demás dependencias que señale la ley”.

El analista político Raúl Pineda advirtió que la urgencia de aprobar, contra viento y marea, estas regiones especiales, es que hay personajes en este país que necesitan vender las tierras que poseen, es decir, dejó entrever que el interés nace de la necesidad de algunos pocos de hacer negocios.