Honduras

Recurso de amparo a favor de magistrados destituidos

El escrito consigna que el Congreso Nacional no tiene facultades para separar magistrados, por lo tanto la resolución del Legislativo violenta la Constitución de la República.

07.04.2014

La Barra de Abogados Anticorrupción presentó este miércoles un recurso de amparo a favor de los cuatro magistrados de la Sala Constitucional que fueron destituidos por el Congreso Nacional de Honduras.

El recurso fue presentado porque el Congreso Nacional no está facultado por la Constitución de Honduras para destituir a los magistrados del Poder Judicial, argumentó el abogado Rafael Padilla.

Este miércoles en la madrugada, el Legislativo aprobó por mayoría de votos la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional José Antonio
Gutiérrez
Navas (Presidente), Gustavo Enrique
Bustillo
Palma,
Rosalinda
Cruz
Sequeira
y José Francisco
Ruiz Gaekel.

Para el profesional del derecho, la decisión adoptada por el Congreso Nacional es nula e inconstitucional.



“El recurso de amparo se fundamenta en que el Congreso no tiene facultades para hacer separación de magistrados, la resolución del Legislativo violenta la Constitución de la República”, aseguró.

El abogado dijo que ellos están tomando acciones que deberían haber comenzado por el Ministerio Público, ya que es el ente acusador, “¿dónde está Luis Rubí, dónde está
Danelia Ferrera
y dónde está el fiscal de los Derechos Humanos (German
Enamorado)?”, se preguntó.

“Venimos con
modestísimos
recursos a hacer lo que debería hacer el Ministerio Público y pedimos que se respete la Constitución para que podamos transitar por un camino de paz”, enfatizó.

Con la destituición de los magistrados, el Congreso Nacional habría incurrido en responsabilidad penal, civil y administrativa, aseguró el abogado Padilla.

El pasado lunes, el Congreso Nacional aprobó una moción de investigar la conducta administrativa de los magistrados
de la Sala de lo Constitucional que declararon inconstitucional el decreto de depuración
de la Policía Nacional.

En la víspera de la destitución, el fiscal adjunto
Roy Urtecho
declaró que los diputados que aprobaron la moción se exponían a ser acusados por varios delitos penales.

En su primera reacción sobre el tema, el fiscal general Luis
Alberto
Rubí dijo que el Ministerio Público analizará los pasos a seguir
después de conocer el decreto de la destitución de los magistrados.