Los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) que fueron separados de sus puestos manifestaron este miércoles que el Congreso Nacional (CN) no tiene potestad para su destitución.
En una conferencia de prensa en la que leyeron un comunicado conjunto, José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz lamentaron el proceso que en las últimas horas concluyó con su separación de la Sala Constitucional.
Los ex magistrados calificaron el proceso como ílegitimo, ilegal e injusto, porque evidentemente obedece a razones políticas, no jurídicas, aduciendo que los fallos emitidos en su gestión se realizaron de 'manera razona e independiente, sin sujeción a ningún tipo de presión'.
Además defendieron su labor en la Sala de lo Constitucional argumentando que el trabajo jurisdiccional
se realizó de acuerdo a los preceptos legales, la Constitución, los convenios y tratados, así como la Ley Sobre Justicia Constitucional.
Para los destituidos, el proceso no tiene fundamento legal, porque esta sustentado en el numeral 20 de artículo 205, es decir la conducta administrativa, pero argumentan que en enero del 2011 el mismo CN le dio esa potestad al presidente de la CSJ, Jorge Rivera Aviles.
Los magistrados denunciaron que las acciones del CN violentaron el principio de la separación de poderes contenido en la Constitución de la República y 'ha irrumpido abruptamente en la función jurisdiccional del poder Judicial, que ha producido un alteración en el orden constitucional, porque no tiene facultad para hacerlo', reza en el manifiesto.
Anunciaron que acudirán a la vía legal porque se violentaron sus derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a ser oído, así como
otras garantías reconocidas nacional e internacionalmente.
Asimismo lamentaron la desición tomada por el CN, que 'en nada beneficia a nuestra amada patria', pero dijeron estar satisfechos con su labor, porque han cumplido 'con la promesa hecha' y que 'la población tenga la seguridad que hemos cumplido con nuestros deberes'.
Finalmente se pronunciaron en defensa de la soberanía del Estado, afirmando que
'estarán vigilantes' para que no se irrespete la Carta Magna ni los principios que rigen el Estado de derecho.
Los exmagistrados se limitaron a leer el comunicado y no dieron declaraciones ante los medios de comunicación.
