Los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad aprobaron la ampliación al decreto 89-2012 que contiene la Ley Especial para la Depuración Policial.
La extensión fue aprobada en una sesión en Casa Presidencial encabezada por el gobernante Porfirio Lobo luego de vencido el plazo por el cual fue aprobada la iniciativa que otorga “súper poderes” al director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla.
Dicho decreto fue discutido, modificado, aprobado y también remitido mismo al Congreso Nacional (CN), que este martes retorna a sus sesiones tras haber permanecido casi dos meses en receso, para la respectiva aprobación.
La Ley Especial para la Depuración Policial había sido aprobada por seis meses, el pasado 25 de mayo y declara situación de emergencia nacional en materia de seguridad pública para acelerar un proceso expedito y confiable de depuración en la Policía, otorgando facultades y atribuciones excepcionales y temporales al director de la Policía Nacional.
Con esta iniciativa se autorizaba al titular de la Policía a practicar pruebas de confianza a oficiales y agentes y permitía la inmediata destitución de quienes resultaran reprobados.
Tiempo
EL HERALDO conoció que los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad coincidieron en ampliar por más tiempo la vigencia del decreto, pero plantearon cambios en la iniciativa para evitar problemas por inconstitucionalidades en la destitución del personal policial.
Según se informó, el nuevo decreto que estaría aprobando en las próximas horas el Congreso Nacional contiene reformas en el tema de la aplicación de las pruebas de confianza a agentes y oficiales, esto a petición del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
No se precisó cuáles son las reformas incluidas en el nuevo decreto que estaría garantizando la continuidad de la depuración policial.
Cabe mencionar que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad lo encabeza el Presidente de la República y lo integran el presidente Congreso, Juan O. Hernández; el presidente de la Corte, Jorge Rivera; el fiscal General, Luis Rubí; el ministro de Defensa, Marlon Pascua; el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla; el director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla y el jefe del Estado Mayor, René Osorio.
El decreto de depuración de la Policía será ampliado en medio de la inconformidad que persiste en la sociedad ante la “lentitud” con que se está llevando a cabo el saneamiento de la Policía Nacional, sumida en una profunda crisis ante la vinculación de sus miembros en actos de corrupción y bandas del crimen organizado.
Ley
En los primeros seis meses de vigencia, la Ley Especial para la Depuración Policial permitió la aplicación de 1,271 pruebas de confianza a través de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) a los miembros de la Policía, que suman alrededor de 14 mil.
Según datos de la institución, se han practicado 774 pruebas de polígrafo a agentes y oficiales policiales, de los cuales 150 dieron positivo y también se han realizado 352 pruebas toxicológicas, dando como positivo 25 en total.
Asimismo, se han realizado 145 pruebas integrales, de las cuales 55 dieron positivo para un gran total de 230 pruebas con resultado positivo, es decir, 230 miembros de la Policía que enfrentan un proceso de separación de la institución.
“En base a esos 150 miembros de la Policía Nacional que decepcionaron la prueba del polígrafo, 25 miembros de la carrera policial que dieron positivo en la prueba de toxicología y 55 que igualmente reprobaron cualquiera de las pruebas, las resoluciones de la DIECP se emitieron, en total 230, para que esos miembros de la Policía fueran separados de la Policía Nacional como corresponde a la aplicación de esta Ley Especial”, explicó Eduardo Villanueva, director de la DIECP.
Diputados piden opinión de la CSJ
La vicepresidenta del Congreso Nacional (CN), Lena Gutiérrez, anunció que este día se reanudan las sesiones de ese poder del Estado.
Varios diputados de las diferentes bancadas en el Congreso anunciaron que se reunirán en las próximas horas para analizar el contenido del decreto de depuración de la Policía Nacional enviado ayer por el Poder Ejecutivo.
Los parlamentarios coinciden en que es necesario ampliar la vigencia de la Ley Especial para la Depuración Policial, pero han asegurado que antes de aprobar una extensión se debe considerar una opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para evitar problemas de inconstitucionalidades en la aplicación de las pruebas de confianza.
El decreto enviado por el Poder Ejecutivo fue aprobado por los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad con una serie de observaciones y recomendaciones planteadas por la Corte y el Ministerio Público, según conoció EL HERALDO.
Los parlamentarios deberán iniciar la discusión y posterior aprobación del decreto para garantizar la continuidad del proceso de depuración policial, en suspenso desde el pasado domingo al vencerse la vigencia del mismo.
Varios sectores de la sociedad coinciden en que se debe ampliar la vigencia de este instrumento para continuar el proceso de saneamiento de la Policía Nacional y de esta manera mejorar los niveles de inseguridad que actualmente se registran en el territorio nacional. El decreto estaría siendo aprobado esta semana, según diputados.
