Honduras

Fiscalía opina que Ley de Depuración tiene vicios de ilegalidad

Desde agosto pasado el MP emitió su dictamen recomendando derogar la ley, ni el Congreso valoró los argumentos ni la Sala Constitucional emite sentencia.

    07.04.2014

    El Ministerio Público (MP) dictaminó que la Ley de Depuración Policial es ilegal por violentar la Constitución y las leyes.

    El pasado 7 de agosto, el MP emitió un dictamen en respuesta al recurso de inconstitucionalidad acumulado interpuesto por los abogados Teodoro Salvador Godoy y Samuel Ayala, contra el Decreto Legislativo No. 89-2012, emitido por el Congreso Nacional el pasado 24 de mayo, que contiene la Ley Especial para la Depuración Policial.

    Dicho dictamen se remitió a la Sala Constitucional para efecto ilustrativo en la sentencia que se emitirá.

    Argumenta que el estado de emergencia, como este caso en seguridad, debe ser regulado por la Constitución, dado que suspende derechos específicos, sin suspender garantías personales. El MP diferencia que en el Decreto se suprimen requisitos, etapas o fases legales para ser mas ágil en la depuración.

    Sin embargo, con dicha normativa “se suspenden derechos y garantías que le asisten al gobernado; característica que lo hace más complejo y delicado, dada su repercusión en los derechos humanos, y tal característica es la que se ve reflejada a nuestro criterio en el Decreto 89-2012”, cita el MP.

    Además, la Fiscalía de la Constitución argumenta que en ninguno de los considerandos del referido decreto menciona el Decreto Ejecutivo emitido por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, sobre una emergencia en seguridad.

    Asimismo, “se provoca inequívocamente la suspensión por más tiempo de derechos constitucionales totalmente distintos como ser el de petición, el de defensa, el de audiencia, el de presunción de inocencia, el debido proceso, entre otros”.

    La Constitución en su artículo 188 señala que no podrán decretarse la suspensión de otras garantías, prohibición que no fue atendida en el decreto cuestionado, cita el MP.

    El decreto impide el derecho a acudir al Juzgado Contencioso Administrativo cuando es despedido, como sucede con cualquier otro servidor público. “No puede haber una regulación legal que suspenda derechos de los miembros de la carrera policial”, dijo. Por estas y otras valoraciones, el MP recomienda derogar la Ley de Depuración Policial.

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