El Poder Ejecutivo se apresta, otra vez, a impulsar reformas al interior de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), que cercenó, sin contar con experiencia en la materia, al Ministerio Público (MP).
Los cambios obedecen al malestar del presidente Porfirio Lobo, quien recientemente se quejó por “los enredos” y la burocratización en el manejo de los fondos de la organización encabezada por el excoordinador de fiscales, Humberto Palacios Moya.
Curiosamente, el propio gobernante respaldó el traspaso de la OABI del Ministerio Público a la Secretaría de la Presidencia, en donde se originan las políticas en materia económica y social y no las referentes al narcotráfico y el crimen organizado, que nacen en las secretarías de Seguridad y Defensa.
Las reformas al interior de la OABI fueron ampliamente discutidas ayer en Casa Presidencial durante un encuentro entre las autoridades del organismo con miembros del Congreso Nacional (CN), Corte Suprema de Justicia y Seguridad y Defensa.
La OABI es una unidad que nace a través de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos, que ha sufrido una serie de cambios y modificaciones autorizadas a través del Poder Legislativo.
Rolando Dubón, diputado del Congreso Nacional, manifestó que existen varias leyes y decretos que están impidiendo el correcto funcionamiento de la OABI, por lo que se requieren nuevas reformas.
“En los próximos días se va a presentar ya un proyecto de reforma para armonizar toda la legislación y viabilizar lo que es la ejecución y prever también los costos relacionados al mantenimiento de las naves, aeronaves y vehículos puesto que las instituciones a las cuales se les asigna de repente no cuentan con los presupuestos para estos seguros”, informó el congresista.
La OABI fue cercenada al Ministerio Público el año anterior y traspasada al Ministerio de la Presidencia mediante la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público.
Previo a este traspaso, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Disponibilidad Emergente de Activos Incautados, que permite al gobierno el uso inmediato del dinero y bienes incautados al narcotráfico, en posesión de la OABI.
“Hay varias leyes que hemos aprobado, solamente en el mismo artículo 78 de la Ley de la OABI hemos aprobado ya cuatro o cinco reformas, entonces de repente de alguna forma son contradictorios, también hay otras leyes que afectan como la Ley de Tratas, la Ley Contra el Financiamiento de Terrorismo y en ese sentido es necesario armonizar”, explicó.
Según la Secretaría de Seguridad, la OABI entregó 278.5 millones a las secretarías de Defensa, Seguridad, Despacho Presidencial, Desarrollo Social y al Ministerio Público, en los últimos dos años.
Una de las principales deficiencias que enfrenta la institución es la falta de investigación de los entes encargados, lo cual obliga a la OABI a devolver recursos y bienes que han sido incautados.
