El sector político de Honduras está en espectativa. La destitución del ahora expresidente paraguayo, Fernando Lugo, y el anunció que hizó el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Juan Orlando Hernández, sobre la posibilidad de discutir la aplicación de los juicios políticos
en la cámara legislativa hondureña ha desencadenado la contrariedad de opiniones en los analistas políticos del país.
Lugo, fue destituido el viernes por el Senado
tras un juicio político realizado por la Cámara de Diputados, que lo acusó por “mal desempeño de sus funciones”, sustituyéndolo por el vicepresidente Federico Franco, ahora presidente de Paraguay.
En total, 39 de los 43 senadores presentes declararon culpable a Lugo, que quedó automáticamente destituido a las 18H27 local (22H27 GMT), ya que alcanzaron los dos tercios (30 de un total de 45) que exige la Constitución.
En reacción a lo sucedido en el país sudamericano, el presidente del Poder Legistativo manifestó que no descarta la posibilidad de introducir una iniciativa en ese poder del Estado para crear una figura que permita enjuiciar a un Presidente de la República cuando ha transgredido la ley.
Al respecto, los conocedores de la problemática mantienen posiciones encontradas. Algunos aseguran que los juicios políticos, encaminados a evaluar la gestión de los funcionarios públicos podrían fortalecer la democracia hondureña, mientras otros sostienen que puede provocar la ruptura democrática, agravando la situación en Honduras.
El analista político Eduardo Martel, en amplio debate, declaró que no se debe 'imitar lo que sucede en otro país para aplicarlo en Honduras porque eso puede dañar y herir la democracia'.
En ese sentido, añadió que se debe 'estudiar eso a fondo y tomar las medidas que convengan al país no porque sucedió en Paraguay o Ecuador, sino porque nos conviene fortalecer los procesos'.
Recordó que el tema ya se había mencionado con anterioridad en Honduras, ya que 'es una recomendación de la Comisión de la Verdad'.
Además, recalcó 'que la constitución de Paraguay en su artículo 225 establece un procedimento para que el Senado pueda exigir responsabilidades al presidente, vicepresidentes, ministros y magistados', legislatura que no existe en Honduras.
'Pero esa no fue la razón de la destitución', aclaró, 'a lo ocurrido en Paraguay hay que agregarle el desencuentro entre el presidente y el vicepresidente eran totalmente diferente; por
un lado el expresidente Lugo con una posición progresista y el ahora presidente Franco con una posición más conservadora'.
'Creo que problema paraguayo tenía un ingrediente político', enjuició Martel, 'pero es legítimo, la Constitución (de Paraguay) lo establece y el presidente o expresidente Lugo lo dejó en claro al decir que no renuncia a su cargo pero se somete con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes'.
Reflexionó que antes de aprobar cualquier medida que esté encaminada a velar por la democracia debe 'estar fundada en un planteamiento serio de lo contrario puede pasar lo que ocurrió en Paraguay'.
Martel aseguró que de no tomarse con madurez el tema de los juicios políticos podría generar la separación de un mandatario 'cada vez que se da un enfrentamiento entre los poderes' de un Estado.
Asimismo, opinó que no cree que la clase política hondureña esté preparada para 'analizar la situación'.
Democracia no está enraizada
'El problema es que la democracia en América Latina no ha enraizado todavía quedan las huellas del pasado reciente', acotó al referirse a los procesos electorales y la participación de la población.
Agregó que 'la democracia tiene una vida muy corta desde la decada de los 80 los países centroamericanos, incluyendo a España, es cuando se inician los procesos de la democracia'.
A criterio de Martel, el proceso debe impulsarse 'sobre todo mentalmente', ya que la meta es 'fortalecer mentalmente la democracia y saber que ella es lo único que puede fortalecer el desarrollo económico y político de un país'.
Hizo un llamado a no actuar con 'banderas políticas tradicionales' cuando se habla del fortalecimiento democrático porque cuando se utilizan,
'el
proceso democrático se van al suelo y no obtenemos los resultados pertinentes'.
Mencionó que los servidores públicos 'deben estar sometidos a la ley' para alcanzar madurez y así evitar 'el revanchísmo político o las confrontaciones inutiles o infecundas'.
