La corrupción y la impunidad son 'serios problemas' de la policía hondureña, que en 2011 cometió graves violaciones de los derechos humanos, según un informe anual que divulgó este jueves el gobierno estadounidense.
El gobierno de Porfirio Lobo “dio importantes pasos para fortalecer el respeto a los derechos humanos y promover la reconciliación nacional, así como para enjuiciar y castigar a los oficiales que cometieron abusos”, resaltó el informe anual sobre los derechos básicos que elabora el departamento de Estado.
“Sin embargo, la corrupción y la impunidad fueron serios problemas que impidieron la eficiencia de la Policía Nacional” hondureña, advirtió el texto.
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Despilfarro
Honduras recibió en 2011 decenas de millones de dólares en ayuda del gobierno estadounidense, que además utiliza una base militar en el país para apoyar la lucha contra el narcotráfico. El país sufrió en 2011 el índice de homicidios civiles más alto del mundo, de 86.5 asesinatos por cada 100,000 habitantes, al que contribuyeron también “los asesinatos ilegales”, por parte de los agentes policiales, criticó el texto.
Investigación
El informe señala, a modo de ejemplo, que a finales de agosto del año pasado las autoridades habían abierto 455 investigaciones contra policías a causa de irregularidades y violaciones de derechos humanos.
Honduras recibió 54 millones de dólares en 2011 en ayudas de la principal agencia gubernamental estadounidense, USAID.
El país también se beneficia de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI), para la cual Estados Unidos ha comprometido 361 millones de dólares desde 2008.
Este informe de Estados Unidos reafirma la percepción de que la Policía Nacional es una institución altamente corrupta y fuertemente penetrada por el crimen organizado.
Abusos
Según el informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los derechos humanos en 2011, en Honduras existe una sistemática violación de este valor en perjuicio de la ciudadanía desde la crisis política en 2009.
“Persistió la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército y la Policía, incluidas las cometidas durante el golpe de Estado de 2009. Se siguió intimidando a los defensores y defensoras de los derechos humanos”.
Y luego, en el transcurso de los años posteriores, “se recibieron nuevas denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos por la Policía”, cita el documento.
El informe también recuerda que elementos policiales dieron muerte a dos estudiantes universitarios en octubre de 2011 y que posterior a ese hecho que sacudió la sociedad, comenzó un proceso superficial de depuración de esa entidad armada.
Este hecho criminal hizo que se comenzara a desenredar una madeja de corrupción en la Policía Nacional, ya que los efectivos estaban asignados a una posta que formaba parte de una organización delictiva. Al descubierto quedó, por ejemplo, que estaciones policiales como las de La Granja o Belén, en Comayagüela, estaban infiltradas por bandas delictivas.
Los oficiales asignados a estas unidades cobraban dinero por dejar operar a este tipo de criminales que se dedicaban al robo, sicariato o secuestro.
La Secretaría de Seguridad ordenó la separación de los oficiales que dirigían estas postas y reasignó a varios de los policías de escala básica que estaban laborando en las mismas.
Otro cuestionamiento que pesa sobre la institución es que las jefaturas policiales se han asignado al mejor postor, es decir, al oficial que ofreciera más dinero.
Una vez en el cargo, los agentes explotaban sus “minas de oro” al aliarse con criminales para cometer actos delictivos que les dejaban importantes ganancias.
