Consecuencias legales
Los actos de corrupción fueron protagonistas en el gobierno del expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales.
Los centenares de millones de lempiras despilfarrados son una ofensa para los hondureños, especialmente los de escasos recursos económicos, que son excluidos de beneficios sociales.
En cumplimiento a una recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) completó auditorías en los gobiernos de Manuel Zelaya y Roberto Micheletti. El informe fue entregado recientemente a la comisión que coordina el guatemalteco Eduardo Stein, al cual tuvo acceso EL HERALDO.
“Hemos conocido pues, con satisfacción, que se han culminado ya las auditorías en los dos períodos”, expresó Stein. Según el informe, se comprobaron 17 actos de corrupción en la gestión de Zelaya, que se traducen a un despilfarro de 332 millones 788 mil 563 lempiras.
Asimismo, 600,400 dólares, que aportan un suma total de 344.7 millones de lempiras. Entre ellos se mencionan sustracción de fondos en el Banco Central, Presidencia, Ministerio de la Presidencia, FHIS, Hondutel, Cohcit, Secretarías de Defensa y Gobernación, según informes ya notificados por el TSC.
De los 17 expedientes, 14 tienen indicios de responsabilidad penal, por lo que fueron remitidos al Ministerio Público para que procedan ante los tribunales.
En dos se notificaron pliegos de responsabilidad administrativa imponiendo multas y uno refiere a falta de tipo civil. En su mayoría, las responsabilidades detectadas refieren a incumplimiento de la Ley de Contratación del Estado, al emitirse injustificados decretos de emergencia para compras directas. Igualmente, se derrocharon recursos para publicidad y desvío de fondos para la ilegal cuarta urna.
Micheletti también
El TSC también presentó en su informe la exposición de irregularidades detectadas en el gobierno de Micheletti
Se detallan tres informes ya notificados que ascienden a un despilfarro de 5 millones 281 mil 712 lempiras. Las irregularidades habrían incurrido en la Presidencial, con indicios de responsabilidad penal y civil. Una investigación aún se encuentra en proceso en el Ministerio de la Presidencia.
“Cabe destacar que el TSC ha cumplido en un 100% con las recomendaciones emitidas en el informe antes mencionado tanto a nivel nacional como internacional”, cita el informe.
