En un nuevo acto irregular, la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal de 2012 fue trastocada, según consta en el diario oficial La Gaceta.
El Poder Ejecutivo pudo haber vuelto a burlar las disposiciones del Congreso Nacional (CN) o la Comisión de Estilo del Legislativo habría cometido una grave falla al desestimar la voluntad de los representantes de la cámara legislativa.
En una flagrante violación a la ley, fue modificado el decreto 255-2011 que contiene las disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de 2012, aprobado el pasado 14 de diciembre del año 2011 y luego enviado al Poder Ejecutivo para su inmediata publicación en el diario La Gaceta.
De acuerdo a la publicación número 32,701, con fecha 22 de diciembre de 2011, el artículo 132 del presupuesto establece: “Todos los montos que se transfieran a las municipalidades de cualquier fuente forman parte del 9 por ciento que conforme a ley se les debe transferir durante el año 2012. Con excepción de los fondos provenientes del Fondo de Desarrollo Departamental”.
Dicho artículo fue publicado en La Gaceta pese a que los diputados del Congreso Nacional, tras un fuerte debate en la sesión del 14 de diciembre, determinaron eliminarlo del presupuesto por considerarlo “lesivo” a los intereses de las corporaciones municipales del país.
El Presupuesto General de la República fue discutido y aprobado en un solo debate por un monto de 144 mil millones de lempiras.
En aquel entonces, durante la discusión, los congresistas consideraron injusta la propuesta del Poder Ejecutivo, en el sentido de considerar como parte de la transferencia del 9 por ciento a las alcaldías todos aquellos proyectos que por obligación deben ejecutar instituciones como Soptravi, Fhis, Salud, Educación y Serna.
Ante tal irregularidad, una comisión parlamentaria trabaja para reformar la Ley del Presupuesto, en lo relacionado a las transferencias del 9 por ciento que hará el gobierno central a las alcaldías.
De acuerdo al diputado Marlon Lara, una comisión de diputados y miembros de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) trabaja en las reformas para someterlas ante el pleno del Congreso Nacional.
El diputado liberal dijo que ya han existido reuniones con presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, y los diputados Héctor Guillén y Francisco Rivera, presidentes de las comisiones de Presupuesto 1 y 2, del Congreso, para dejar claro como ocurrirá la reforma.
Violación de la ley
José Alfredo Saavedra, diputado liberal y miembro de la Comisión de Presupuesto del CN, advirtió que ha existido “una violación completa a los deberes de los funcionarios” al incluir y publicar artículos mediante el decreto 255-2011, que no fueron aprobados por la cámara legislativa.
“Hubo una discusión fuerte donde participaron muchos diputados y ahí logramos que esa disposición de la ley de presupuesto se eliminara, es decir, que el 9 por ciento de la transferencia quedara como establece la ley”, dijo Saavedra.
“No hay duda, ahí me parece que hay una cosa grave realmente porque en otras palabras una cosa es lo que se discutió y aprobó en el Congreso en relación a ese artículo y otra cosa es la que publicó el Poder Ejecutivo en La Gaceta”, advirtió el congresista.
Según la Constitución de la República, el Poder Ejecutivo tiene las facultades de sancionar o vetar las iniciativas que emanan del Congreso
Nacional, pero en el caso del Presupuesto General de República, su única obligación es la publicación en el diario oficial La Gaceta. No hay espacio para el veto.
Saavedra anunció que este día se presentará un reclamo ante el pleno del Congreso Nacional encaminado a pedir una explicación sobre la modificación irregular hecha a la ley del Presupuesto General de la República.
Es de mencionar que esta no es la primera vez que una iniciativa del Congreso es trastocada en su camino a la publicación en La Gaceta, ya que a finales del año anterior el Congreso Nacional también aprobó una disposición según la cual en una moto solo podía andar una persona, pero el presidente de la República, Porfirio Lobo, le agregó al decreto un pasajero: una mujer o un niño menor de doce años, y ordenó su publicación en La Gaceta.
“El Congreso determinó eliminar ese artículo tal como está en La Gaceta, fue eliminado en el Congreso y no debió haber sido publicado de esa manera... Nosotros mañana (hoy) presentaremos el reclamos porque ya tenemos La Gaceta para respaldar la manifestación y el reclamo, se hará en el pleno del Congreso”.
“Me parece que realmente son decisiones totalmente equivocadas porque una cosa es lo que se aprueba en el congreso y otra cosa es lo que se está publicando en el Poder Ejecutivo, lo que significa realmente una violación completa a los deberes de los funcionarios”, advirtió el diputado por Valle.
En todo caso, no tiene sentido hacer discusiones prolongadas en el Congreso si el Ejecutivo publicará la ley a su gusto.
Peligrosa vulnerabilidad entre poderes del Estado
La vulnerabilidad institucional comenzó a ponerse de manifiesto luego del escándalo desatado con la aprobación del Congreso Nacional, sin hacer ninguna objeción, de un decreto enviado por el Ejecutivo.
Se trata del vetado “trancazo” migratorio que había sido diseñado por el Ejecutivo y que fue aprobado por el Congreso la tarde del 14 de diciembre del año pasado. Con esto, más otros casos ocurridos en la presente administración, ha quedado al descubierto la debilidad institucional y la vulnerabilidad del principio constitucional que habla de la independencia de poderes, han advertido varios congresistas y analistas en el país.
“El espíritu de la Constitución se refiere a que los poderes deben ser independientes y sin espíritu de subordinación, sin embargo, debe haber una complementariedad.
El problema son los excesos y las cosas que se hacen bajo la mesa”, opina el profesional del derecho y diputado nacionalista Donaldo Reyes Avelar.