En medio de una fuerte oposición de los colegios magisteriales, el Congreso Nacional dio el primer paso para aprobar una nueva Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), cuyo dictamen pasó anoche en primera lectura.
Mientras eso ocurría en el recinto legislativo, un grupo de dirigentes del gremio magisterial protestaba y hacía explotar morteros en señal de rechazo a la ley que contiene 133 artículos.
Previo a la lectura, el presidente de la Comisión de Dictamen, el diputado udeísta Edwin Pavón, presentó un informe sobre la situación del Inprema, en cuyos hallazgos se reitera que el Instituto tiene un déficit actuarial próximo a los ochenta mil millones de lempiras.
Se destaca que, a la fecha, las reservas actuariales de la institución no son suficientes para garantizar las pensiones en el tiempo a más de diez mil pensionados, y mucho menos a más de setenta mil afiliados activos.
La edad de jubilación sube de 56 a 65 años, cuando el beneficiario haya cumplido 25 años de servicio. Esta disposición es aplicable a los cotizantes que ingresen a la institución a partir de la vigencia de la nueva ley.
La nueva ley crea una nueva estructura de administración del Inprema y, además, amplía los beneficios a los participantes. Se incorporan al régimen los maestros que laboran en las Escuelas del Proyecto Hondureño de Educación Comunitario (Proheco). Por otra parte, afecta el aguinaldo y el decimocuarto mes que perciben los docentes, al considerar a estos sujetos de contribución. No constituyen salarios afectos a aportación las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad reciba el afiliado.
Rechazo
Según Pavón, la Comisión de Dictamen se reunió con la dirigencia magisterial con el propósito de escuchar su parecer sobre la situación del Inprema. Los dirigentes magisteriales expresaron su rechazo a la labor interventora llevada a cabo por el Poder Ejecutivo.
En consecuencia, propusieron a la comisión realizar en forma conjunta un estudio actuarial del Inprema, propuesta que fue rechazada por encontrarse limitada legalmente para efectuar dicha tarea; no obstante, se propuso a la dirigencia magisterial estudiar la situación de la institución tomando el tracto sucesivo de estudios actuariales desde 1998 hasta 2010.
La dirigencia magisterial no aceptó tal propuesta, pese a que se les invitó a participar en los trabajos de esta comisión en la redacción del dictamen, expuso Pavón, señalando que solo acudieron dos personas del magisterio.
En virtud de ser altamente técnica la labor encomendada a la Comisión de Dictamen, fue necesario contratar la asesoría puntual de un actuario, quien hizo una revisión de los estudios realizados al Inprema, incluyendo los últimos estudios realizados por la actuaria Clara Martínez, presentada por la dirigencia magisterial en las mesas de negociación como representante del magisterio en este tema
El actuario asesor de la Comisión de Dictamen llegó a la conclusión de que los estudios actuariales realizados al Inprema desde 1998 hasta 2010 marcan la misma tendencia, todos coinciden en que a la fecha el Instituto tiene un déficit actuarial próximo a los ochenta mil millones de lempiras.
El dictamen también contiene recomendaciones de los asesores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quienes manifestaron su conformidad con el proyecto de ley enviado por el poder Ejecutivo, en virtud de que cumple con los estándares establecidos en el Convenio 102 de la OIT sobre las reglas mínimas de la seguridad social.
Según los dictaminadores, para la elaboración del documento se revisó con mucho cuidado el impacto de la edad de retiro de los docentes y se llegó a la conclusión de que la propuesta del proyecto de ley no afecta significativamente a los mismos, por el contrario, fortalece la institución.
Según las estadísticas del Instituto, la edad de retiro de los docentes del sistema oscila entre los cincuenta y seis años (56) y cincuenta y nueve años (59), por lo que se consideró tomar como referencia estas edades, las que serían aplicables a partir de 2011.
El dictamen dice que esa edad aumentará anualmente hasta cincuenta y nueve años (59) para los docentes que actualmente laboran en el sistema nacional de educación, y para los que aún no ingresan al sistema la edad de retiro será de sesenta y cinco años (65), con una cotización de veinticinco años.
