Las pruebas de confianza
se seguirán aplicando para lograr una depuración de la Policía Nacional de Honduras.
Eso es lo que ha prometido el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, quien demanda del Congreso Nacional que busque nuevas herramientas para efectuar una limpieza en la institución policial.
El martes anterior, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley de Depuración, mediante la cual se permitió dar de baja a policías que no aprobaron las pruebas de confianza aplicadas por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
Considerando que la determinación no fue unánime, el caso pasa al pleno de la Corte Suprema de Justicia, donde se emitirá un fallo definitivo que puede ser unánime o por mayoría.
“Una vez que eso suceda, nosotros vamos a acatar el mandato judicial”, dijo Bonilla.
“Nosotros estamos cumpliendo con una ley que se dio por el Congreso Nacional, pero si se considera que en esa ley hay acciones que no son correctas, hay que construirlas correctamente”, dijo el funcionario.
Comentó que la determinación de la Sala de lo Constitucional “no es un obstáculo para el proceso de transformación que tiene la Policía, pues se tienen que buscar otras herramientas legislativas que permitan continuar con el proceso y para ello el Congreso Nacional debe estudiar de forma seria, responsable y concreta las herramientas que se darán a la institucionalidad para seguir con el proceso”.
“La Policía, a lo interno, está con la mejor disposición de lograr un fortalecimiento institucional y eso implica hacer una depuración de las personas que no llenan las expectativas de la Policía que quiere el pueblo hondureño”, argumentó Bonilla.
La decisión de la Sala Constitucional fue compatible con la opinión (no vinculante) que la fiscalía emitió el pasado 7 de agosto. En conclusión, la fiscalía dictaminó que la Ley de Depuración violentaba preceptos constitucionales.
“Se suspenden derechos y garantías que le asisten al gobernado; característica que lo hace más complejo y delicado, dada su repercusión en los derechos humanos, y tal característica es la que se ve reflejada a nuestro criterio en el decreto 89-2012”, cita el MP.
Asimismo, “se provoca inequívocamente la suspensión por más tiempo de derechos constitucionales totalmente distintos, como ser el de petición, el de defensa, el de audiencia, el de presunción de inocencia y el debido proceso, entre otros”.
Cambios estructurales
El titular de Seguridad comentó que para el próximo año se pretende mejorar cualitativamente a los miembros de la Policía, pues tendrán diez meses de preparación académica, dos meses de práctica supervisada, ingreso solo para quienes hayan cursado la educación secundaria, supervisión y control permanente sobre todos los cuadros policiales.
Las autoridades de Seguridad aseguran que continuarán aplicando las acciones que correspondan.
“Tenemos la herramienta de la disponibilidad y nosotros no estamos violentando los derechos de ningún policía, por lo que las pruebas de confianza se continuarán aplicando”, aclaró.
“Cómo vamos a ingresar más policías sino hacemos las pruebas necesarias, toxicológicas, psicométricas... tenemos que presentar ante la sociedad un policía que no tenga problemas”, dijo.
“Los procesos los va a seguir aplicando y por ello es necesario que la CSJ se pronuncie lo más pronto posible para que el Congreso Nacional busque los mecanismos necesarios para sacar el proceso adelante”, enfatizó Bonilla.
Proceso va a continuar
Por su parte, Eduardo Villanueva, titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, fue enfático al asegurar que el proceso de depuración de la Policía va a continuar debido a que las pruebas como la del polígrafo “son un elemento científico para establecer si se ha dicho la verdad o una mentira”.
“Con la prueba del polígrafo lo que se califica es el contenido de la pregunta y no está diciendo que la persona sea culpable de nada”, enfatizó Villanueva.
En relación a la determinación de la Sala de lo Constitucional, aseguró que el pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá pronunciarse en el término de los 10 días en que sea convocado.
“La Sala de lo Constitucional no tuvo unanimidad, lo que significa que hubo uno de los magistrados que a lo mejor consideró que no hubo inconstitucionalidad total, porque puede considerarse inconstitucionalidad total o parcial”, comentó.
Nosotros entendemos que cualquier acción del máximo tribunal, donde se establezca el respeto y el derecho a las garantías constitucionales, fortalece a las instituciones, prosiguió.
El proceso de aplicación de pruebas de confianza no se ha detenido, “por el contrario, nosotros estamos realizando acciones porque, de acuerdo a nuestra ley, estamos facultados para realizar pruebas de evaluación de confianza tales como: toxicológicas, psicológicas, psicométricas, socioeconómicas o de polígrafo”.
En todo caso, de momento lo que no se puede hacer es dar de baja más policías en base a esos resultados, sobre todo porque el decreto tenía vigencia seis meses y ese plazo venció el pasado domingo.
