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Fiscalía promete investigar destitución de magistrados

  • 05 enero 2013 /

Rosalinda Cruz y Gustavo Bustillo se reunieron con el Fiscal General para conocer avance de investigación.

Dos de los cuatro magistrado destituidos de la Corte Suprema de Justicia llegaron ayer al Ministerio Público para conocer si hay avances sobre las denuncias interpuestas en contra de los diputados que votaron a favor de su salida y contra los cuatro magistrados que los han reemplazado.

El jueves, el titular del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés, integró la Sala de lo Constitucional con los abogados Silvia Trinidad Santos Moncada, Germán Vicente García García, José Elmer Lizardo Carranza y Víctor Manuel Lozano Urbina y se nombró a Óscar Fernando Chinchilla Banegas, quien fue coordinador de esa sala. Ante ello los exmagistrados Rosalinda Cruz y Gustavo Bustillo se reunieron con el fiscal general, Luis Rubí, con el propósito de conocer si se está haciendo alguna investigación sobre las denuncias que fueron presentadas por organizaciones, como la Unión Cívica Democrática, la Barra de Abogados de Honduras y diputados del Congreso Nacional.

No llegaron los otros dos destituidos, José Francisco Ruiz Gaekel, quien se excusó por problemas de salud, y José Antonio Gutiérrez Navas por encontrarse en Europa.

Reunión

El Ministerio Público se comprometió a ofrecer respuestas por las denuncias interpuestas contra la destitución de cuatro magistrados. Las denuncias de los magistrados se interpusieron contra los 97 diputados del Congreso Nacional que votaron a favor de la destitución.

Según los exmagistrados, con su separación se cometieron delitos de usurpación de funciones, traición y abuso de autoridad.

“Toda denuncia necesita una investigación, seguimos un proceso, se nombró a un grupo de fiscales para hacer los análisis y las acciones correspondientes”, dijo el Fiscal General en rueda de prensa. “Las denuncias que tenemos son de diferente índole, no viene contra una determinada persona. Producto de la investigación que hagamos de los hechos va a reflejar cuál va a ser el actuar del Ministerio Público”, agregó. Una de las diligencias que se realizó es la solicitud al Congreso de toda la evidencia documental que se relaciona con la destitución y nombramiento de magistrados.

Hasta el momento, el Congreso Nacional solo envió una parte de la información que los fiscales analizan, informó. Se requerirá mayor información, entre ella actas y otras de tipo tecnológico: las grabaciones de audio y video de la sesión que comenzó el 11 y culminó el 12 de diciembre, con la destitución de cuatro magistrados y el nombramiento de sus sustitutos.
Otra diligencia que se analiza es llamar al presidente del Legislativo, Juan Orlando Hernández, para que rinda una formal declaración en torno a este caso. “No tendremos ningún inconveniente en hacerlo”, dijo. Agregó que deben resolverse los recursos de inconstitucionalidad interpuestos ante Corte sobre ese caso. Agregó que en las reuniones que celebran los lunes, los tres Poderes del Estado analizan la actual situación.

Objetividad

Rubí afirmó que el Ministerio Público realiza sus investigaciones con objetividad. “De antemano yo les digo, el Ministerio Público tiene una alianza con la ley, con la Constitución de la República y los tratados internacionales; eso sí lo podemos adelantar”, expresó.

“Se están haciendo los análisis de una forma objetiva, por el momento no emitiré criterio, lo haré oportunamente”, indicó.

Precisamente, la posición oficial del Ministerio Público se conocerá en el dictamen sobre la procedencia o no del recurso de amparo interpuesto por los cuatro afectados.

Ahora que se integró una nueva Sala Constitucional dijo que el Ministerio Público esperará que le trasladen el expediente del recurso de amparo para estudiarlo y fijar una posición oficial en un dictamen.

Expuso que en un país de leyes lo correcto es la aplicación del debido proceso.

Rubí dijo que no tiene temor de ser destituido por llegar hasta el final con la investigación de este caso. “Yo voy a cumplir con mi deber, con mi obligación, lo que esté dentro de la ley y la Constitución, yo voy a cumplir con mi papel, eso es independientemente le guste a alguien o no le guste”, indicó.

Rosalinda Cruz y Gustavo Bustillo salieron satisfechos del informe que les dio el Fiscal General. “El señor Fiscal General ha sido muy atento con nosotros, muy objetivo, hemos cumplido con la finalidad de nuestra visita y nos sentimos satisfechos”, expresó Cruz.

A su parecer, procede incoar acciones por las denuncias. “Según lo que nosotros hemos planteado, es concurrente con los fundamentos que hemos expuesto en el recurso de amparo con suspensión del acto reclamado”, dijo.

Confía en que la posición que adoptará el Ministerio Público será conforme a derecho.

“El Estado caerá en desintegración”

El asesor del Ministerio Público, Rigoberto Espinal Irías, señaló que el Estado de Honduras caerá en una desintegración tras la violación del Poder Legislativo al destituir a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

“Cuando los hombres encargados de impartir el derecho no observan los límites establecidos en la leyes, solo demuestra que el Estado de Honduras caerá en una desintegración y eso será muy grave para el futuro. La gente ahora ve la situación como que un par de hondureños perdieron sus trabajos y están enojados por eso, sin ver la verdadera sustancia del hecho”, manifestó.

Dijo que es lamentable que el propio Poder Judicial no respete la Constitución de la República cuando esta establece que los funcionarios, empleados civiles o militares no están obligados a cumplir órdenes que se dictaron contraviniendo la Carta Magna.

“Si tuviéramos un Poder Judicial unificado la respuesta hacia el Congreso hubiera sido: señores ese seudodecreto que fue publicado no lo vamos a aplicar”, consideró.