TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de largas horas de infructuosa y vacilante discusión en el seno del
Congreso Nacional, no se logró la aprobación del
acuerdo de delimitación marítima al que llegaron Honduras y Nicaragua en octubre de 2021.
Tras casi 30 años de haberse dado el fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en septiembre de 1992, en el que se estableció los límites terrestres y marítimos con El Salvador y Nicaragua, en el Golfo de Fonseca, su ratificación queda engavetada.
A pesar de la decisión tomada en La Haya, Honduras no ha podido gozar del beneficio que le brindaría su salida libre al océano Pacífico, por los constantes conflictos que se han suscitado durante estas tres décadas con los otros dos países con los que comparte esas fronteras marítimas.
El jueves, en la última sesión de la cuarta legislatura del periodo 2018-2022, la junta directiva del Congreso Nacional sometió a discusión la aprobación del denominado Tratado Integracionista del Bicentenario, firmado en Managua, Nicaragua, el 27 de octubre por el presidente Daniel Ortega Saavedra y el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, sin embargo, no confluyeron las circunstancias legales para lograrlo.
Diputados llegaron para votar a favor de dictámenes últimos dictámenes. Foto: David Romero/El Heraldo
Por otra parte, el también abogado y hasta el jueves diputado, Oswaldo Ramos Soto, argumentó que “el artículo 20 de la Constitución de la República establece que cualquier tratado o convención que celebre el Poder Ejecutivo referente al territorio nacional, requerirá la aprobación del Congreso Nacional por votación no menor a tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros (96)”. Por tal razón y al no tener quórum para aprobar el acuerdo, Ramos Soto recomendó no caer en una ilegalidad, por lo que el acuerdo se quedó estancado al aprobar solo el primer debate.
Oswaldo Ramos fue condecorado con Gran Cruz Placa de Oro. Foto: David Romero/El Heraldo
Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep) se dijo que el proyecto no cumple con los principios de legalidad ni se enmarca dentro de los principios de integridad empresarial.
Aunque existió presión e intención de discutirlo y aprobarlo, el diputado Tomás Zambrano prefirió sacarlo de la agenda de las últimas dos sesiones legislativas.
En 48 horas, los diputados aprobaron al menos una docena de contratos a favor de la Empresa Nacional Portuaria, para un millón de tarjetas de pasaporte, compras de software, entre otros. Hubo declaraciones de diputados vitalicios y hasta condecoraciones.
Tras casi 30 años de haberse dado el fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en septiembre de 1992, en el que se estableció los límites terrestres y marítimos con El Salvador y Nicaragua, en el Golfo de Fonseca, su ratificación queda engavetada.
A pesar de la decisión tomada en La Haya, Honduras no ha podido gozar del beneficio que le brindaría su salida libre al océano Pacífico, por los constantes conflictos que se han suscitado durante estas tres décadas con los otros dos países con los que comparte esas fronteras marítimas.
El jueves, en la última sesión de la cuarta legislatura del periodo 2018-2022, la junta directiva del Congreso Nacional sometió a discusión la aprobación del denominado Tratado Integracionista del Bicentenario, firmado en Managua, Nicaragua, el 27 de octubre por el presidente Daniel Ortega Saavedra y el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, sin embargo, no confluyeron las circunstancias legales para lograrlo.
LEA: ¿Cómo queda la salida de Honduras en el Golfo de Fonseca y qué sigue después del acuerdo?
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Opiniones encontradas
El jurista Carlos López Contreras, quien fungió como agente por parte de Honduras ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, tanto en la sentencia de 1992, como en la revisión del fallo solicitada por El Salvador en 2002, disertó ante los congresistas con el afán de animarlos a que lo aprobaran. “Hay que tener presente que el Tratado del Bicentenario es ejecución de dos sentencias de la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial principal de las Naciones Unidas y como Estado miembro de las Naciones Unidas, Honduras está obligado a cumplir con los fallos de dicha corte”, indicó.Por otra parte, el también abogado y hasta el jueves diputado, Oswaldo Ramos Soto, argumentó que “el artículo 20 de la Constitución de la República establece que cualquier tratado o convención que celebre el Poder Ejecutivo referente al territorio nacional, requerirá la aprobación del Congreso Nacional por votación no menor a tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros (96)”. Por tal razón y al no tener quórum para aprobar el acuerdo, Ramos Soto recomendó no caer en una ilegalidad, por lo que el acuerdo se quedó estancado al aprobar solo el primer debate.
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Contratos de energía
Los parlamentarios que asistieron ayer a la última sesión semipresencial también evitaron discutir el polémico decreto que activó las alarmas en empresarios y el propio sector energético, que aprobaba el proyecto de generación de energía a base de carbón Puente Alto Energy, propiedad del grupo empresarial Emco.Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep) se dijo que el proyecto no cumple con los principios de legalidad ni se enmarca dentro de los principios de integridad empresarial.
Aunque existió presión e intención de discutirlo y aprobarlo, el diputado Tomás Zambrano prefirió sacarlo de la agenda de las últimas dos sesiones legislativas.
En 48 horas, los diputados aprobaron al menos una docena de contratos a favor de la Empresa Nacional Portuaria, para un millón de tarjetas de pasaporte, compras de software, entre otros. Hubo declaraciones de diputados vitalicios y hasta condecoraciones.
+: La reacción de Nayib Bukele tras el acuerdo entre Nicaragua y Honduras
