La acción se promueve a raíz de la petición que hicieron funcionarios del gobierno saliente del pago de prestaciones laborales y que algunas ya fueron aprobadas.
El impacto a las arcas del Estado sería de entre 300 a 500 millones de lempiras a funcionarios de alto rango que están dentro de la categoría de servicio excluido en la Ley de Servicio Civil, según la proyección hecha por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep).
No obstante, en el escrito ambos diputados señalan que la injusticia del decreto ley inconstitucional parte de la exagerada erogación presupuestaria que afectará las finanzas públicas 2022. Son seis mil millones de lempiras que repercute en programas de salud, educación y seguridad alimentaria.
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“Queremos dejar al descubierto el ambiente de malicia y conciencia de la injusticia impregnadas de dolo con que se concibió la normativa cuestionada, precisamente justo cuando en el país se avizora cambio de gobierno”, indica el recurso.
Por su parte, la viceministra de Finanzas, Roxana Rodríguez, aseguró que esta no fue una medida aprobada en la administración de Juan Orlando Hernández sino que data de varios años atrás.
“Este artículo tiene más de 10 años y se puede ver en el decreto legislativo del año 2012 del artículo 127, no se creó en este gobierno.
La funcionaria dijo en un medio capitalino que no le preocupa el recurso pues hay argumento legal.
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