Honduras

Más bienes inmuebles y cuentas bancarias le incautaron al 'clan Barralaga'

Nueve bienes inmuebles y cuentas bancarias con un monto arriba de los 1.4 millones de la familia Barralaga pasarán a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)

14.06.2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Unos nueve bienes inmuebles y cuentas bancarias que presuntamente pertenecen al clan Barralaga fueron asegurados y entregados este lunes a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

El Ministerio Público (MP), mediante la 'Operación Perseo IV', ubicó los inmuebles en las ciudades de Sonaguera, Sabá y Bonito Oriental, departamento de Colón, zona atlántica de Honduras.

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Las incautaciones se concretaron luego de aseguramientos efectuados a José Santiago Barralaga Hernández, quien guarda prisión con arresto domiciliario.

Según las autoridades, estos nuevos bienes están ligados a otros miembros del clan Barralaga.

Condena a Barralaga Rivera

El 27 de abril de 2020, vía procedimiento abreviado, los tribunales de justicia condenaron a ocho años y seis meses de prisión a Jorge Alberto Barralaga Rivera, quien fue acusado por el delito de lavado de activos tras entregarse a las autoridades tras más de tres años prófugo de la justicia. El juez con jurisdicción nacional también le impuso una multa de 705,000.000 y el comiso de todos los bienes.

La Corte Suprema de Justicia también condenó al ex subcomisionado de policía, Jorge Alberto Barralaga Hernández (padre de Barralaga Rivera), y a la esposa del narcotraficante Wilter Blanco, Montse Paola Fraga Duarte.

Aseguramientos

La UF-ADPOL y la ATIC realizaron entre el 31 de julio y la primera semana de agosto de 2017 los aseguramientos al Clan Barralaga en la primera etapa que ascendieron a 235 bienes muebles e inmuebles, productos financieros y sociedades mercantiles, dentro de los que destacan viviendas, vehículos, transporte pesado y cuentas bancarias.

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Todo ello, en razón de movimientos atípicos entre cuentas bancarias y otro tipo de transacciones descubiertos al ex alto oficial Barralaga, su núcleo familiar y personas relacionadas, que movieron más de 2000 millones de lempiras.

Los otros implicados en la primera fase de Operación Perseo son: José Santiago Barralaga Hernández (arresto domiciliario, hermano del ex jerarca policial), Reyna Elizabeth Ayala Reyes (prófuga, esposa de Barralaga Hernández), Edith Xiomara Roca Pérez (arresto domiciliario, cuñada de Barralaga Hernández) y Carmen Alejandra Morales Sarmiento (condenada por lavado de activos y esposa de Jorge Alberto Barralaga Rivera).

En el caso particular de Barralaga Rivera, efectuó movimientos financieros no justificados que rondan los seiscientos veintiséis millones setecientos setenta y cinco mil quinientos ochenta y siete lempiras con trece centavos (Lps. 626, 775,587.13).

Además, en seguimiento a la causa, los Fiscales de Apoyo al Proceso de Depuración Policial y Agentes de la ATIC, ejecutaron en fecha 11 de noviembre de 2019 la Operación Perseo II, logrando el procesamiento de José Arístides Flores Nájera y su esposa Waldina Lizzette Gavarrete Ortega, acusados por el delito de lavado de activos y a quienes se les vincula directamente de ser socios de Jorge Alberto Barralaga Rivera.

En esta continuación del caso, se siguió el rastro de 5,000 millones de lempiras y se llevaron a cabo aseguramientos de 113 bienes muebles e inmuebles, entre ellos de 21 bienes inmuebles, 16 vehículos, una embarcación, 10 sociedades mercantiles y el congelamiento de 65 cuentas bancarias.

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Adicionalmente, en relación a las operaciones ilícitas del Clan Barralaga, el 30 de noviembre de 2020 se ejecutó la Operación Perseo III en la que se capturó a otro socio de Barralaga Rivera de nombre José Antonio Interiano Contreras, señalado del delito de lavado de activos y quien no pudo justificar más de 154 millones de lempiras y por ello se le aseguraron 362 bienes muebles, inmuebles, sociedades mercantiles y productos financieros.

A nivel general, en estas cuatro etapas de Perseo, las indagaciones de agentes de la ATIC asignados a la UF - ADPOL y de los expertos forenses en delitos financieros, demostraron que este grupo organizado durante varios años realizó adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.