TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirá para tomar una decisión sobre la violación a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas por parte los presidenciables que andan en pleno proselitismo por todo el país.
El cuerpo jurídico vigente, y la nueva ley que aún no entra a debate en el Congreso Nacional, contempla que las campañas solo se pueden realizar 50 días antes de las elecciones primarias y 90 previo a las generales.
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Sin embargo, los aspirantes presidenciales están celebrando concentraciones abiertas y una vez que pronuncian sus discursos se confunden con sus simpatizantes muchas veces sin guardar la distancia, como lo requiere el protocolo sanitario.
En estos momentos los políticos solo pueden realizar “actividades de organización, capacitación e información política, mediante reuniones o actividades afines, con sus afiliados y simpatizantes, en sitios y locales privados sin necesidad de autorización”, dice la Ley Electoral.
El CNE, organismo creado el año pasado, se reunirá para evaluar el papel de los presidenciables de las tres fuerzas políticas (Partido Nacional, Libre y Partido Liberal) y de ser necesario aplicar las sanciones correspondientes, anunció el consejero Flavio Nájera.
Destacó que la ley en su artículo 144 estipula una multa de 100 a 500 salarios mínimos contra quienes la transgredan.
“Igual sanción se impondrá a los medios de comunicación involucrados” en el caso de que los movimientos paguen espacios para proyectar su imagen.
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El expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, -consultado por EL HERALDO- declaró que a estas alturas el CNE ya hubiera tomado medidas y desde un principio hubiera emitido un comunicado por lo menos de advertencia.
“Es una violación a la ley lo que se está produciendo en estos momentos con eso de que realizan reuniones en lugares abiertos para pedir el voto”, afirmó el también miembro del Consejo de Expertos Electorales de América Latina.
Recordó que cuando él fue rector del organismo electoral le tocó sancionar a políticos violadores de la ley. “Primero hacíamos un llamado de atención en forma escrita, por último aplicamos la sanción”.
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