TEGUCIGALPA, HONDURAS.-¡Rotundo fracaso! Así calificaron ayer diferentes sectores los pobres resultados en el sistema penitenciario hondureño ante el clima de ingobernabilidad y anarquía que impera en las diferentes prisiones del país.
Y es que en las últimas semanas los centros penitenciarios, promocionados desde el propio gobierno como de “máxima seguridad”, han sido escenarios de crímenes atroces cuyo denominador común es una preocupante indiferencia de parte de las instituciones del Estado encargadas y un clima de impunidad que rodea estos hechos violentos.
VEA: Masacres traspasan control de cárceles de máxima seguridad en Honduras
De acuerdo con datos oficiales, al menos 13 personas han sido asesinadas en el interior de las cárceles entre el 29 de junio y el 14 de diciembre y se teme que estos hechos sigan repitiéndose a juzgar por la reacción prácticamente nula de las autoridades encargadas.
Sobre el particular, la comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), Glenda Ayala, expresó que “cuando nosotros miramos estos hechos lamentables donde hay pérdida de vidas humanas, nos damos cuenta que entonces estamos ante un fracaso de la seguridad que se ha implantado en los centros penitenciarios”.
ADEMÁS: Realizan recolecta para ayudar a Wilson Berríos tras explosión de mortero en su rostro
La defensora de los derechos de los privados de libertad enfatizó en que “las políticas de seguridad que se están siguiendo pues obviamente no han surtido los efectos para los cuales se ha justificado que han sido necesarias”.
El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, por su lado, manifestó que “desde la perspectiva de nosotros el sistema carcelario volvió a lo mismo de antes, volvió a ser gobernado por quienes querían gobernar los centros penitenciarios del país; por los privados de libertad”.
Maldonado reconoció que “al principio (la nueva gestión penitenciaria) estaba al tono de las circunstancias, ahora el tono de las circunstancias son muertes, violencia, criminalidad, amotinamientos, etc, cuando ya se había rescatado los primeros dos o tres años”.
¿Cómo entran las armas?
Y es que de los 13 crímenes ocurridos sólo en el presente año, todos dentro de cárceles y módulos considerados de máxima seguridad, han sido ejecutados utilizando potentes armas de fuego en siete ocasiones y un caso más empleando un arma blanca tipo cuchillo. Esto evidencia que el control que dice tener el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y la promocionada Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (FNCCP) no es más que del diente al labio, tomando en cuenta los funestos hechos recientes.
“Como que ya les ganaron el mandado los privados de libertad; para nosotros ‘El Pozo I’ y ‘El Pozo II’ ya dejaron de ser de máxima seguridad”, argumentó el defensor de derechos humanos, Maldonado.
Recordó que “en el Codeh les dijimos que se avizoraba una masacre a nivel de centros penales del país; desde el 25 de octubre que mataron al mano derecha de Alexander Ardón, en La Tolva, fue el primer aviso de lo que estaba ocurriendo en los centros penales del país”.
El titular del Codeh lamentó el hecho de que ni siquiera exista un requerimiento fiscal de quien asesinó a Marco Tulio Amador, presunto compinche del exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander “Chande” Ardón, acusado de narcotráfico.
El INP se defiende de las críticas
La arremetida de cuestionamientos en contra del INP, por la vulneración de las medidas de seguridad de las cárceles del país, principalmente las de máxima seguridad, provocó que sus autoridades salieran al paso. German McNiel, subdirector del INP, dijo que “hemos tenido grandes avances, sin embargo, yo apelo a una memoria objetiva, tenemos que saber de donde venimos y hacia donde nos dirigimos en el sistema nacional penitenciario, que estuvo abandonado por más de 40 años donde nadie hacía nada”.
Al consultarle sobre el recurrente ingreso de armas de fuego a los centros de máxima seguridad, McNiel aseguró que “se están siguiendo todas las líneas de investigación correspondientes, con el propósito de determinar si ha existido o no colusión de algún agente penitenciario o funcionario del sistema penitenciario”.
Sobre el mismo asunto dijo que han compartido toda la información con las instituciones del Estado encargadas de la investigación, para que se proceda a determinar cómo es que lograron entrar todos los artefactos de uso prohibido.
Los 13 muertos
El 29 de junio de 2019, en el momento que se realizaban las visitas de los familiares de los reos, producto de una riña dentro de “El Pozo I” en Ilama, Santa Bárbara, dos reos fueron asesinados a golpes. Ambos eran miembros de la MS-13.
Dos meses después, el 15 de septiembre, pandilleros ultimaron dentro de una celda del módulo de máxima seguridad de Támara al reo José Santos Hernández Ávila. El día 4 de octubre fue hallado estrangulado dentro de su celda José Rafael Reyes Gálvez, integrante de la Pandilla 18, en la cárcel “El Pozo I”. Las muertes siguieron y el 25 de octubre perdió la vida a manos de un marero de la MS-13, Marco Tulio Amador. En menos de 24 horas, pandilleros de la 18 ultimaron a disparos y puñaladas al narcotraficante Magdaleno Meza Fúnez dentro de “El Pozo I”.
LEA ADEMÁS: Lo que se sabe del repudiable ataque a Wilson Berríos en Choluteca
El pasado viernes, quien fuera director de “El Pozo I”, Pedro Armas, fue ultimado en Choluteca en un hecho que, según las investigaciones, se relaciona con el crimen de Meza Fúnez. Y para finalizar, el 14 de diciembre cinco miembros de la MS-13 fueron ejecutados a disparos en “El Pozo II”, sin que la autoridad explique cómo un reo en un módulo de máxima seguridad tuvo acceso a un arma de fuego.
