TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) identificó una serie de irregularidades en las primeras seis auditorías hechas a igual número de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que manejaron millonarios recursos del Fondo Departamental.
En algunas de las auditorías se detectó que las ONG no liquidaron los recursos ante la Secretaría de Finanzas y que no existe evidencia que los proyectos se ejecutaron en
las comunidades.
En otras se refleja que en las liquidaciones planteadas los representantes de las ONG mintieron, lo que provocó solo en estos primeros seis casos un perjuicio de más de cuatro millones de lempiras para el Estado.
Según los documentos del TSC, a los que EL HERALDO tuvo acceso, las Ong involucradas son Beneficios Infantiles de Transformación y Alternativas (Bital), Organización para el Desarrollo Comunitario Integral (Odecoin), Transformando Nuestra Nación (Transnna), la Asociación Cristiana para el Desarrollo Integral del Ser Humano (Asocridih), la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (Ajopadih)y la Asociación Alianza para el Alivio de la Pobreza (Apap).
En cinco de las seis auditorías, el gestor fue el exdiputado Augusto Cruz Ascensio del
partido Vamos.
Inconsistencias
En el caso de Bital, entre el 27 de febrero de 2015 y el 14 de diciembre de 2015 se le transfirieron un total de 600,000 lempiras del Fondo Departamental para ejecutar talleres de capacitación para jóvenes en las comunidades de Zepate, Resizapa, Las Trancas y Las Oricas, en el municipio del Distrito Central.
Sin embargo, los auditores tuvieron una serie de obstáculos como que no se logró contactar a los representantes legales del período sujeto a revisión y los actuales de la ONG, para complementar la información y documentación faltante en la liquidación, porque carecen de la documentación que acredite la ejecución adecuada del proyecto.
Es decir, que Bital no tiene fotografías de la capacitación por taller y general, listas de asistencia de los participantes ni primer desembolso de los ejecutores del proyecto.
No obstante, Bital adjunta como soporte de contratación seis contratos de servicios, estableciendo las cláusulas y condiciones, sin embargo, en la liquidación no se adjunta la documentación soporte que acredite que los seis ejecutores hayan efectuado la contratación del personal de apoyo en cada una de las áreas objeto del contrato.
En lo relacionado con la ONG denominada Odecoin, se le transfirieron 1.5 millones de lempiras para el mantenimiento de la red vial no pavimentada en los municipios de Lepaterique y El Porvenir, Francisco Morazán.
Sin embargo, para los auditores fue imposible obtener la información domiciliaria exacta de los contratistas y ejecutores del proyecto, los recibos de pago del primer desembolso de 70 por ciento, objeto del contrato suscrito con los contratistas-ejecutores del proyecto.
Asimismo, las planillas y recibos de pago, listas e información domiciliarias de los trabajadores y la evidencia fotográfica descriptiva por municipio.
Otras de las irregularidades es que los beneficiarios de los proyectos no son habitantes de las comunidades donde supuestamente se realizaron, de acuerdo con el Censo Nacional Electoral y los alcaldes de ambos municipios, no dan fe de la ejecución de los proyectos.
En el informe de auditoría de la Asociación Cristiana para el Desarrollo Integral del Ser Humano, se señala que recibió 500,000 para la limpieza de cunetas y calles en el barrio La Hoya, colonia 3 de Mayo y barrio Los Profesores del municipio del Distrito Central.
No hay evidencias
El TSC comprobó que no existe evidencia de que se hayan ejecutado oportuna y adecuadamente los fondos asignados para el desarrollo del proyecto.
De su lado, la asociación Alianza para el Alivio de la Pobreza (Apap), comprendió la revisión de las operaciones, registros y la documentación de respaldo presentada por los representantes de la ONG, el gestor de los fondos para la ejecución de los proyectos de desarrollo social comunitarios y la Secretaría de Finanzas, cubriendo el período comprendido del 5 de enero de 2015 al 10 de noviembre de 2015, con énfasis en la ejecución de proyectos de capacitación de talleres para jóvenes y mujeres en las comunidades de Zepate, Resizapa, Las Trancas y Las Oricas, en el municipio del Distrito Central, por un monto
de 600,000 lempiras.
Según el TSC, el fallecimiento del representante legal de la ONG “nos limitó a evidenciar los hechos relatados en la documentación y a no obtener las opiniones y aclaraciones del mismo en el transcurso de la investigación”.
Asimismo, no se logró contactar a los representantes legales actuales de la ONG para complementar la información y documentación faltante en la liquidación y la carencia de cierta información en la liquidación nos impidió efectuar las indagaciones en campo con los involucrados directos en los procesos de ejecución del proyecto.
El 24 de octubre de 2013 se transfirió la cantidad de 250,000 a la Ajopadih para la ejecución del proyecto de fumigación en la colonia Kennedy, Las Palmas y La Joya de Tegucigalpa.
Según la explicación de la ONG, el proyecto fue solicitado por los líderes comunitarios
de esas colonias.
Sin embargo en la liquidación no se adjunta ningún documento que haga referencia o haga constar que efectivamente el proyecto fue requerido por los líderes comunitarios y que estas comunidades hayan recibido el beneficio de la fumigación, abatización, chapeo y concientizado mediante campañas educativas de cómo combatir el dengue en sus comunidades
De su parte a la ONG Transformando Nuestra Nación se le transfirieron 600,000 lempiras para el proyecto Informados Combatimos el Dengue en las colonias Villa Nueva, barrio El Chile y Primero de Mayo.
Pero no se obtuvo la evidencia documental que respalde la ejecución del proyecto y la liquidación de los fondos.
Además, se presentó información y documentación no fidedigna de la ejecución del proyecto y no presentaron evidencias como fotografías sobre su ejecución.
La documentación se encuentra en manos de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) para su judicialización.
