Honduras

Nuevo reglamento de evaluación suscitaría otra barrida en la Policía

El oficial o agente policial que salga aplazado será separado sin responsabilidad para el Estado

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11.11.2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Más 16,000 agentes de la Policía Nacional serán sometidos a un nuevo proceso de certificación y evaluación de parte de las autoridades de este brazo armado.

La intención es que en las filas de la Policía hayan elementos que no se vean inmiscuidos en actos reñidos con la ley.

En los últimos meses, más de una docena de elementos de esta fuerza pública han sido detenidos por sus mismos compañeros y puestos a las órdenes de las justicia por haber cometido delitos de extorsión, cobro de soborno, robo, tráfico de drogas y asesinato, entre otros.

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Las autoridades de la Secretaría de Seguridad recientemente pusieron en marcha el Reglamento de Calificación de Certificación de Méritos de los Miembros de la Carrera Policial que tiene como alcance “regular las disposiciones y forma en que se aplicará el instrumento para determinar la capacidad, habilidad, actitud, competencia, desempeño, disposición de servicio, conducta y ética que debe poseer todo miembro de la carrera policial para el ejercicio de una asignación o en el cumplimento de sus funciones, dentro o fuera de la institución para su continuidad o terminación de la carrera policial.

Barrida

Este instrumento legal advierte de una nueva barrida en la institución armada, porque el que salga aplazado será separado sin ningún tipo de responsabilidad para el Estado.

El reglamento señala que la falta de méritos o calificaciones deficientes, determinada mediante los elementos de ponderación previamente establecidos, es causa constitutiva de la cancelación directa del miembro de la carrera policial, sin responsabilidad para el Estado.

Sin embargo, la evaluación será tomada en cuenta durante todos sus años de servicio en la institución policial y no tendrá prescripción alguna.

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El instrumento legal contempla la integración de un directorio estratégico que está integrado por el director general, el subdirector, el inspector general y los titulares de la Dirección de Planeamiento, Procedimientos Operativos y Mejora Continua, la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Logística y la Dirección de Asuntos Interinstitucionales y Comunitarios.

El resultado de la evaluación deberá ser remitido con la propuesta de cancelación por medio del director al secretario de Seguridad para el procedimiento correspondiente.

La evaluación aplica para todos los miembros de la institución, desde la escala básica hasta la alta oficialidad.

En los criterios de evaluación personal, se le consultará a los policías en relación a si ha demostrado un buen comportamiento en la institución o si se preocupa por su apariencia física dentro y fuera de la institución.

Asimismo, si es un funcionario que nunca ha utilizado mecanismos inadecuados para evadir responsabilidades o procedimientos administrativos en su contra.

Mientras que en los criterios de evaluación profesional se le preguntará a los agentes sobre si ha participado en operaciones de alto impacto, no ha sido denunciado ni tiene acciones pendientes por sus malas actuaciones en el interior de la Policía, entre otras.

Evaluación

Los criterios de evaluación se basarán en aspectos personales y profesionales, los cuales serán establecidos en forma numérica del 1 al 20, con un valor máximo de cinco por ciento en cada criterio, para hacer un total de cien por ciento, por cada miembro del Directorio Estratégico, lo que deberá promediarse para obtener la calificación final del miembro de la carrera policial que será evaluado.

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Una calificación eficiente se obtiene con un porcentaje de entre 70 y 100 por ciento, y una calificación deficiente se obtiene con un porcentaje de entre cero y 69 por ciento.

El policía que sea aplazado será cancelado definitivamente de la institución por la falta de méritos o calificación deficiente, según la Ley de la Carrera Policial.

En estos casos no corresponde responsabilidad para el Estado de Honduras, es decir que el agente que sea separado no tendrá derecho a prestaciones laborales.