Honduras

Honduras: 69 custodios separados de cárceles por faltas graves

Por espacios abiertos Héctor Leonel Ayala, secretario de Gobernación y Justicia, declaró ayer a EL HERALDO que es posible que las armas estén ingresando por aire a los centros penales

01.11.2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, el problema de la vulnerabilidad de los centros penitenciarios de máxima seguridad se debe a factores humanos.

El asesinato del narcotraficante Nery Orlando López Sanabria, conocido también como Magdaleno Meza Fúnez, puso al descubierto las debilidades de estos centros penitenciarios.

En ese sentido, EL HERALDO consultó si existe un proceso de depuración para sacar de circulación a los funcionarios que estén vinculados con los privados de libertad.

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Desde 2016 que comenzaron a funcionar “Los Pozos” I, II y III se ha venido registrando una serie de irregularidades, que al final han provocado la muerte de al menos diez reclusos.
Informes del Instituto Nacional Penitenciario (INP) en poder de EL HERALDO establecen que desde 2017 a lo que va de 2019 han sido separados 301 funcionarios en las áreas operativas y administrativas.

En los tres años van un total de 69 agentes penitenciarios separados por faltas graves, 67 de áreas operativas, es decir, asignados a los centros penales, y dos administrativos.
Según explicaciones de las autoridades del INP, las faltas graves son cuando se descubre que los agentes tienen algún grado de colusión con los privados de libertad.

Esto quiere decir que a cambio de dinero los agentes de los centros penales se prestan para llevar mensajes a los internos de las cárceles de máxima seguridad o tapar las cámaras y evitar que quede evidenciado el ingreso de armas o de otros artefactos.

No obstante, muchos otros funcionarios son coaccionados por los delincuentes para cometer estos delitos y muchas veces prefieren renunciar.

Volando

El titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), Héctor Leonel Ayala, expuso a EL HERALDO que los últimos acontecimientos en los centros de máxima seguridad los están obligando a estar evaluando permanentemente la conducta de los agentes penitenciarios.

Indicó que los procesos de depuración tienen que ser permanentes con la aplicación de las pruebas de confianza, como el polígrafo, las pruebas toxicológicas, socioeconómica y psicológica.

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Sobre el ingreso de armas, Ayala declaró que “los centros de máxima seguridad no están techados en un cien por ciento, solo donde están las construcciones para las celdas”.
“Hay áreas que están abiertas y un arma puede caer en ese espacio abierto, y cómo podemos responsabilizar a un agente penitenciario”, justificó el funcionario.

Mientras que los agentes de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) son sometidos a un proceso de depuración por parte de las Fuerzas Armadas (FF AA).

Foto: El Heraldo

La infografía muestra el personal separado de 2017 a 2019.