TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras se encuentre en vigencia la auditoría e investigación especial a cargo del
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y no se emita una resolución definitiva quedará en suspenso cualquier otro tipo de acción administrativa, civil o penal en relación a los fondos que se otorguen a diputados y/o servidores públicos.
Así lo estipula el artículo 16 del dictamen de la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales aprobada en el Congreso Nacional.
La disposición de la también denominada Ley especial del Fondo Departamental añade que se suspenderá la deducción de cualquier tipo de responsabilidad sobre los fondos que estén siendo auditados por el ente contralor del Estado.
Así lo estipula el artículo 16 del dictamen de la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales aprobada en el Congreso Nacional.
La disposición de la también denominada Ley especial del Fondo Departamental añade que se suspenderá la deducción de cualquier tipo de responsabilidad sobre los fondos que estén siendo auditados por el ente contralor del Estado.
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EL HERALDO tuvo acceso al dictamen de esta normativa que consta de 21 artículos y fue aprobada con más de 90 votos a favor. Sin embargo, los congresistas de la bancada de Libertad y Refundación (Libre) así como del Partido Innovación y Unidad (Pinu) se opusieron a la admisión de este marco legal.
