Honduras

A Penitenciaría de Támara envían al abogado de Los Cachiros

28.03.2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los principales supuestos testaferros del cartel de Los Cachiros fueron enviados a prisión luego de la audiencia de declaración de imputado desarrollada el jueves en un Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional.

Se trata del abogado Francisco Arturo Mejía, su esposa Waldina Lizzette Salgado Pérez y su hijo Roberto Arturo Mejía Salgado.

Los tres imputados, que tenían órdenes de captura y estaban prófugos desde el año pasado, se entregaron de forma voluntaria.

La acusación de lavado de activos y asociación ilícita para lavar activos se deriva de investigaciones contra una red de testaferros de Los Cachiros que iniciaron el 22 de julio de 2016 cuando fueron capturados en el aeropuerto de San Pedro Sula, Enwis Yamil Varela Santos y Miguel Ángel Gain Tejeda, a quienes les decomisaron 11,439 dólares, en ese momento lograron justificar con documentos la cantidad de dinero.

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El abogado Francisco Arturo Mejía, su esposa y su hijo también están acusados por fraude y soborno doméstico en el caso denominado Patuca III, en el que están involucradas otras siete personas. La acusación afirma que se defraudaron millones a través de una red que usó a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). En ese sentido, ellos tres deberán presentarse este día a la audiencia de declaración de imputados.

Propiedades

En la compra, venta y donaciones de
propiedades irregulares fue detectada la
participación del abogado Francisco Arturo
Mejía, así como de otras personas que
están acusadas y bajo arresto preventivo.
Están vinculados a Los Cachiros.

El 20 de febrero de 2018, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) emitió un informe de investigación en el que señala que Enwis Yamil Varela Santos estaba casado con Yuri Stefany Rivera Hernández, quien invirtió desde 2010 en 10 bienes, dos vehículos y se constituyó como comerciante individual con un capital de L 200,000.

En la compra, venta y donaciones de propiedades irregulares fue detectada la participación del abogado Francisco Arturo Mejía, así como de otras personas que están acusadas y en prisión luego que el Ministerio Público ejecutó la Operación Apolo en 2018.

El abogado Francisco Arturo Mejía en 2006-2007 hipotecó una propiedad en la aldea La Venada por un valor de 2,150,000,00; posteriormente se la dio en donación a otra persona y luego en 2013 la volvieron a pasar a nombre de Javier Hernández Mejía.

El abogado y notario Francisco Arturo Mejía recibió un poder general de administración de Devis Leonel Rivera Maradiaga para manejar la sociedad Inversiones Rivera Maradiaga y otras ligadas al cartel de Los Cachiros.