TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitirá en los próximos días al Ministerio Público (MP), unas 16 líneas de investigación con indicios del presunto delito de enriquecimiento ilícito para su respectiva judicialización.
“Estamos por remitir al Ministerio Público unos 16 expedientes con indicios de responsabilidad penal por el presunto delito de malversación de caudales públicos”, confirmó el magistrado del TSC, José Juan Pineda Varela.
En el paquete de investigaciones figuran actuales funcionarios y exfuncionarios de gobierno, así como miembros de la Policía Nacional que no pudieron justificar la procedencia de dinero o de sus bienes.
“Se ha detectado indicios donde ha habido dolo en el manejo del patrimonio en algunos procesos de licitación de productos”, informó el magistrado.
Las autoridades establecieron que en los 16 casos se pudo detectar un monto de 250 millones de lempiras en enriquecimiento ilícito.
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“Nosotros no podemos dar nombres porque ellos (los acusados) tienen la última instancia que van a ser los juzgados, para desvanecer ese pliego de responsabilidad”, manifestó José Juan Pineda.
El ente contralor arrastra una mora en sus investigaciones, al grado que en todo el 2018, solamente remitieron a la Fiscalía cinco casos con indicios de enriquecimiento ilícito.
“En nuestra opinión todos los informes que nosotros mandamos están bien sustentados, naturalmente es el Ministerio Público el que acusa”, expresó Pineda.
Se confirmó que otra docena de casos se mantienen bajo investigación.
De su lado, el magistrado presidente del TSC, Roy Pineda, aseguró que los expedientes serán enviados al Ministerio Público para que lo formalice ante el juez a fin verificar si hay delito o malversación de caudales públicos.
Se presume enriquecimiento ilícito cuando |
Señaló que investigaron los ingresos y egresos, patrimonio neto, verificación de gastos financieros como las tarjetas de crédito a través de la entidad del sistema financiero.
El titular del TSC sostuvo que no se puede señalar con precisión el número de ciudadanos que ostentan el cargo de funcionarios públicos, que estarían involucrados en el delito de enriquecimiento ilícito.
Responsabilidad civil
El TSC ha remitido también a la Procuraduría General de la República (PGR) al menos una decena de expedientes con indicios de responsabilidad civil.
Se le deducirá responsablemente a aquellos funcionarios las cantidades que han sido saqueadas del patrimonio o que por forma involuntaria o por desconocimiento han causado un daño, en ese sentido, se convierte en responsabilidad, señalaron los funcionarios.
