TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Ministerio Público (MP) tiene en su mira a más de 500 personas que se confabularon para saquear recursos económicos del sistema sanitario de Honduras.
Unas 17 líneas de investigación están en proceso y en los próximas días la Fiscalía comenzará con una serie de requerimientos fiscales para llevar a los tribunales de justicia a los responsables que mantienen en cuidados intensivos a la Secretaría de Salud.
Pocos detalles faltan para que las órdenes de captura en contra de medio millar de personas sean ejecutadas.
En la lista figuran funcionarios y exfuncionarios de Salud, directores y administradores de hospitales, secretarias, jefes de almacenes de medicamentos, jefas de farmacias y jefes de compras de los 18 departamentos del país.
Además, figuran empresarios que sobrevaloraron productos médicos y quirúrgicos, y en otros casos vendieron medicamentos vencidos al Estado.
Y no solo eso, también figuran diputados del Congreso Nacional de la República.
En los últimos meses, la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública ha secuestrado documentos en la Secretaría de Salud, 23 hospitales, 20 regiones sanitarias y bodegas de medicamentos a fin de evidenciar la trama de corrupción.
En las indagaciones se logró analizar la documentación sustraída y se verificaron órdenes de compra, actas de apertura y adjudicaciones, facturas, órdenes de entrega y recepción de producto, cotizaciones, información que sirvió para determinar la existencia de un perjuicio económico al Estado.
Los sospechosos conformaban redes de corrupción para desviar y sustraer fondos públicos que en muchos de los casos fueron a parar a sus propios bolsillos.
EL HERALDO conoció que en una de las investigaciones se encuentran 60 personas implicadas y que se les acusará de apropiarse de dinero público.
Las investigaciones fueron encaminadas a identificar si en realidad vendieron medicamentos vencidos, fragmentaron contratos con la Secretaría de Salud y si hubo sobrevaloración de medicamentos, equipo médico quirúrgico.
Pocos detalles se conocen del dinero desviado y sustraído, pero análisis financieros hechos por los fiscales indican que el bochornoso acto sobrepasaría el saqueo de que fue objeto el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), con más de 4,000 millones de lempiras.
Redes
Las indagaciones del MP indican que entre 2010 y 2015 un grupo de nueve sociedades vinculadas entre sí ofertaron a la Secretaría de Salud de manera conjunta la adjudicación 1,352 órdenes de compra, para el abastecimiento de medicamentos e insumos quirúrgicos en los 18 departamentos.
En esta red se logró identificar un vínculo familiar y comercial entre las sociedades que fueron favorecidas en el proceso de compra y que de manera conjunta participaron para la adjudicación de los contratos.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, las nueve empresas farmacéuticas relacionadas entre sí ocasionaron un perjuicio económico al Estado de 85 millones de lempiras porque sobrevaloraron el precio de los productos.
Por ejemplo, una de las empresas vendió al Estado pastillas de Azitromicina a 102 lempiras la unidad, cuyo valor real en la misma empresa era de 12 lempiras la unidad, es decir que se sobrevaloraron las tabletas casi en un cien por ciento.
Una de las empresas denunciadas es propiedad de un diputado del Congreso Nacional, a quien se le adjudicaron 345 contratos en la Secretaría de Salud en dos años.
Solamente a estas nueve empresas, la Secretaría de Finanzas les desembolsó más 440.2 millones de lempiras entre 2015 y 2017, indica la información en poder de los fiscales y a la que tuvo acceso exclusivo EL HERALDO.
A las nueve empresas investigadas se les adjudicaron 94.8 millones de lempiras por concepto de pago de material médico quirúrgico.
En la compra de medicamentos se le pagaron 211.4 millones de lempiras y por material odontológico se erogaron 7.8 millones de lempiras, identificándose una sobrevaloración en los insumos.
Otra de las presuntas redes de corrupción se trata de seis empresas privadas, relacionadas entre sí, a las que entre 2008 y 2014 la Secretaría de Salud les concedió 195 órdenes de compra que se autorizaron a través de un comité de compras integrados por directores de hospitales, jefes de regiones y administradores, entre otros.
Estas empresas percibieron 57 millones de lempiras en los ocho años. Las investigaciones indican que los insumos médicos que estas empresas ofertaron nunca ingresaron al sistema de salud.
A medida que los fiscales secuestran documentos en la Secretaría de Salud salen a relucir más irregularidades.
Las investigaciones del ente fiscal revelan que existen mafias que por años se dedicaron a fragmentar contratos millonarios, creando empresas muchas veces de fachada, para ser beneficiados.
