TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los imputados por delitos como homicidio, violación, secuestro, extorsión, terrorismo y hasta lavado de activos se podrían defender en libertad en caso de que se apruebe un proyecto de decreto que busca reformar el artículo 184 del Código Procesal Penal.
La iniciativa fue introducida por el diputado del Partido Nacional, Marco Velásquez, quien preside la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos del Poder Legislativo. La disposición que fue modificada mediante decreto legislativo 56-2013 contiene el listado de los 21 delitos por los que no se pueden otorgar medidas distintas a la prisión, quedando prácticamente derogado con la nueva propuesta.
La modificación de este artículo del instrumento jurídico vigente surge en medio de la controversia e intereses de congresistas que han sido acusados como en el caso Pandora.
En esta causa fueron imputados seis actuales legisladores, en su mayoría nacionalistas encausados en un inicio por lavado de activos y que tuvieron que permanecer recluidos en el Primer Batallón de Infantería de las Fuerzas Armadas.
Al cambiárseles el delito, estos parlamentarios quedaron con medidas sustitutivas y para evitar que otros diputados pasen por la misma situación se viene impulsando la enmienda. En las últimas semanas un grupo de juristas junto a congresistas analizaron si ameritaba reformar esta disposición y al final concluyeron que es necesaria su abolición.
Grillete
En la nueva redacción del artículo 184 a la que tuvo acceso EL HERALDO, concerniente a la sustitución de la prisión preventiva, se añade el párrafo que reza que “el juez tomando en cuenta la gravedad de la posible pena a imponer podrá además imponer la utilización de cualquier medio o sistema de vigilancia electrónica personal (grillete electrónico)”. El resto de párrafos de la disposición se mantiene igual, exceptuando el catálogo de ilícitos que se aprobaron por los legisladores en 2013 y que ahora para evitar ser perjudicados pretenden suprimir.
El proyecto deberá ser turnado a una comisión para que lo dictamine y se tendrá que solicitar la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al tratarse de una enmienda a un Código que está en vigor.
