TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Desde su separación del otrora Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) en el año 2004, el Registro Nacional de las Personas (RNP) arrastra una deuda técnica, registral y de falta de criterios de sus autoridades para sacudirse la influencia política que hoy lo tiene a las puertas de una intervención.
Esta será una semana crucial para la institución en cuyas 310 oficinas laboran 1,434 empleados permanentes y 400 temporales que tendrán su mirada en el dictamen que presente la Comisión Multipartidaria responsable de estudiar un proyecto de ley presentado a mediados de julio por el diputado democristiano Felícito Ávila.
El presidente de esta comitiva, Antonio Rivera Callejas, citó a sus compañeros para reunirse mañana a efecto de preparar el dictamen y, de haber consenso, lo leerán esta misma semana al pleno legislativo.
El también vicepresidente del Congreso Nacional y hombre de confianza del gobierno dio como un hecho la intervención del RNP y adelantó que otras dos comisiones acompañarán a la interventora: una de seguridad y otra de ciberseguridad.
La primera creará las condiciones para ahuyentar el crimen organizado que se supone se ha infiltrado en la institución y la segunda velará por la pureza de los sistemas de informática.
La deuda pendiente
A criterio de los entendidos, el RNP tiene una deuda con la sociedad hondureña que no ha cumplido basada en el compromiso asumido en 2004, cuando fue separado del Tribunal Nacional de Elecciones, hoy Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La nueva ley contenida en el decreto número 154-2003 dice que el RNP se crea “como un organismo autónomo, con personalidad jurídica, técnica e independiente”, pero a juzgar por la crítica generalizada, estos objetivos no han sido cumplidos.
La permanente presencia de los políticos, los mismos que hicieron las reformas, más la falta de iniciativa de las autoridades, con ingredientes del crimen organizado, han hecho del RNP una entidad cuestionada.
La primera deuda del RNP es no haberse sacudido la politización a tal punto que basta con una llamada telefónica de un diputado, o de un funcionario, para nombrar personal, darle prioridad al trámite de algún documento o agilizar y privilegiar la entrega de tarjetas de identidad, sobe todo en períodos electorales.
