Con este documento, firmado en mayo de 2011 por el expresidente Porfirio Lobo Sosa, el expresidente Manuel Zelaya Rosales y, como garante, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se contemplaba el cese de la “persecución” a Zelaya y sus partidarios por actos ligados a la corrupción.
Oseguera de Anchecta cuestiona ante la CIDH, en el documento al que tuvo acceso EL HERALDO, que “nuestro país ha sentado un precedente con pasos agigantados contra la corrupción y la impunidad, nunca antes se había visto que personas reconocidas del mundo empresarial y político estuvieran sometidos a procesos judiciales”.
“A partir de ese momento Honduras comienza su labor a través del gobierno actual-que- ha venido trabajando para generar mayor fortaleza en el Estado de Derecho, para que la justicia sea igual para todos”, afirma.
Entre las muestras de la buena voluntad de mejorar las capacidades de los órganos operadores de justicia, el país tiene a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), combatiendo la corrupción y la impunidad a todos los niveles y sin discriminación.
A pesar de todo el esfuerzo, expone con preocupación, la expresidenta del TSC, que un gran sector de la sociedad se hace las siguientes preguntas.
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Entre estas están: sacar 40 millones del Banco Central de Honduras (BCH) en una carretilla, ver a la cooperación sueca retirar su apoyo al país por causa del mal manejo de los fondos, ver como instituciones del Estado fueron saqueadas y proyectos mal invertido.
Al mismo tiempo recuerda que el tráfico gris dejó un perjuicio al Estado de billones de lempiras, la malversación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza entre otros.
La otra pregunta clave de la expresidenta del TSC ante la CIDH es, “¿Por qué los responsables de estas acciones quieren acobijar su impunidad en tratados internacionales que no protegen actos de corrupción?, como el de Cartagena”.
