TEGUCIGALPA, HONDURAS
En manos de la Policía Internacional (Interpol) se encuentra vigente una orden de captura internacional en contra de Carlos Fernando Urbina Soto.
El hondureño es considerado por la Dirección Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) y la justicia de Estados Unidos como el principal cabecilla de la banda de los Urbina Soto.
Carlos Fernando es hermano del exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina, y Miguel Ángel, recientemente acusados por la Fiscalía de Manhattan, Nueva York, de narcotraficantes.
Desde el 2014 existe vigente una orden de captura en su contra, sin embargo, este se ha escondido de las autoridades en las montañas del departamento de Yoro.
La justicia hondureña lo considera como el más peligroso y sanguinario del clan.
Él, aunque no fue habido en el juicio que enfrentaron sus hermanos, durante el desarrollo de las audiencias fue mencionado por varios testigos de ser el responsable de varios crímenes en varias zonas del departamento de Yoro.
Cementerio
Las investigaciones de la DLCN revelan que el clan de los Urbina Soto dirige una banda de presuntos narcotraficantes integrada por más de 37 personas, que se dedicaban al sicariato y narcotráfico en la zona.
“Los hermanos Urbina Soto vienen realizando desde hace varios años actividades de narcotráfico, pero fue hasta el año 2009 que fueron más notables sus actividades, cuando fue electo alcalde Arnaldo Urbina”, indica un documento de la DLCN.
La organización criminal de Urbina Soto ha sembrado el terror en la población de Yoro, violando jóvenes y acribillando a unas 137 personas por distintas razones, resistirse al despojo de sus tierras, ganado, viviendas o simplemente por no colaborar con ellos, detalla la investigación.
La justicia de Estados Unidos solicitó la extradición del clan de los Urbina, sin embargo, ellos no podrían ser extraditados porque tienen procesos pendientes en Honduras.
Junto al clan de los Urbina fue acusado por Estados Unidos el exdiputado Midence Oquely Martínez, quien presuntamente se habría entregado voluntariamente a la Agencia Antidrogas (DEA).
Los cuatro hondureños enfrentan una pena máxima de cadena perpetua por las imputaciones hechas por Estados Unidos.
