TEGUCIGALPA, HONDURAS
Nueve años después de la crisis política que desencadenó la expulsión del poder de Manuel Zelaya Rosales, sectores plantean la nulidad total del Acuerdo de Cartagena al suponer que protege a exfuncionarios vinculados en corrupción.
El acuerdo fue firmado en mayo de 2011 por el expresidente Porfirio Lobo y su antecesor Manuel Zelaya y deja entrever que se anularán los procesos judiciales incoados contra este último.
El cuarto punto del pacto indica que “saludan la decisión de las autoridades competentes de anular los procesos judiciales en contra del expresidente José Manuel Zelaya Rosales, subrayando la presentación de los documentos por la Fiscalía General de la República y de la Procuraduría General de la República ante el Tribunal de Apelaciones ad hoc”.
Indica que “ambas instituciones renuncian a presentar recurso de amparo, así como su admisión por parte del Tribunal, con lo cual la decisión judicial es definitiva”.
El documento no establece esta misma discrecionalidad para los exfuncionarios del Poder Ciudadano, ya que algunos de ellos se encuentran prófugos de la justicia debido a acusaciones por presuntos actos de corrupción.
Otros de los exfuncionarios se encuentran bajo la lupa del Ministerio Público.
Los analistas coinciden que debería dejarse sin valor y efecto el Acuerdo de Cartagena para que todos los actos de corrupción cometidos en la administración de Zelaya sean castigados.
Pero el expresidente Porfirio Lobo es del criterio que el acuerdo se firmó para que Zelaya retornara al país y no para proteger actos reñidos con la ley.
“El acuerdo de Cartagena fue promovido por los expresidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Colombia, Juan Manuel Santos, con el acuerdo de Zelaya Rosales y el mío para que Honduras pudiera reingresar en la OEA y ponerle fin al aislamiento en que estábamos. No se firmó para proteger a nadie por actos de corrupción”, dijo.
De su lado, el propio expresidente Zelaya reconoció que el acuerdo no protege a sus exfuncionarios por supuestos actos irregulares. Según el exmandatario, el acuerdo “sujeta a los funcionarios del Poder Ciudadano a la Constitución y sus leyes”.
“Este fue un acuerdo internacional que Juan Orlando Hernández se ha negado a reconocer. La justicia debería de llamarle la atención a Juan Orlando por negarse a reconocer el acuerdo”, señaló Zelaya. De acuerdo a la exrepresentante de la Comisión de la Verdad, Julieta Castellanos, el Acuerdo no puede estar sobre las leyes de Honduras.
“El periodo de Manuel Zelaya debe ser investigado. Además, él no está excluido, menos su gabinete, hay proyectos que se cuestionaron mucho como el Fondo Vial, Hondutel y LatinNode. Otros proyectos más deben ser investigados”, aseguró.
“El acuerdo ha generado impunidad, pero por culpa del Estado de Honduras, no por el acuerdo en sí. Hay falsa conciencia de decir: mejor no toquemos los temas para no generar problemas. Si Zelaya tuvo un gobierno íntegro, que quede claro que lo tuvo”, agregó Castellanos.
