COMAYAGUA, HONDURAS
50 humildes familias paceñas ven con impotencia cómo el sueño de tener una vivienda digna se aleja. El terreno donde se encuentran se derrumba a pedazos y los inmuebles corren el riesgo de desplomarse.
Son 50 casas las que empezaron a construirse en diciembre de 2017 mediante un convenio entre la alcaldía de Marcala, La Paz y la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda) para beneficiar a familias de escasos recursos económicos.
El valor del proyecto supera los seis millones de lempiras, que incluye una contraparte de la comuna con la donación del terreno, Convivienda -quien entrega el subsidio- y el aporte económico de los beneficiarios.
En el caso de las familias, tuvieron que pagar el tractor para aplanar el terreno, contratar al ayudante de albañil y al vigilante para cuidar los materiales mientras duraran los trabajos.
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Sin estudio ambiental
La obras iniciaron sin inconvenientes hace siete meses en la administración de la exalcaldesa Gloria María Arqueta, tiempo en el que levantaron las primeras 50 viviendas de 100 que contempla el proyecto.
Sin embargo, las lluvias registradas las últimas semanas hicieron que parte del terreno empezara a derrumbarse y varias casas quedaron en el aire, a punto de caerse.
Ahora que se registran los deslizamientos se conoció que nunca se hizo un estudio de factibilidad ni se dio permiso ambiental que asegurara que el predio era apropiado para ejecutar el proyecto.
“Según el informe que dio a conocer el ingeniero municipal actual, el proyecto no tiene licencia ambiental, por lo tanto es un proyecto que se considera ilegal desde el inicio”, declaró Marlon Calles, regidor de Marcala.
Calles declaró que ahora Convivienda está pidiendo que la Alcaldía apruebe dos millones de lempiras para hacer medidas de mitigación en la zona en riesgo, pero existe oposición de varios regidores.
Solución
La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) realizó un estudio de riesgo en la zona y se está a la espera de que emita un informe donde autorice la continuidad del proyecto o se declare inhabitable. Patricia Serrano, una de las beneficiadas, dice que sus esperanzas están centradas en el informe de Copeco.
“Esperamos que continúe el proyecto y podamos habitar nuestra casita porque hemos hecho inversión y todos somos gente pobre”, manifestó.
EL HERALDO buscó la reacción de la exalcaldesa Argueta y la del actual edil, Rigoberto Hernández, quien fue regidor en la gestión anterior, pero ninguno contestó las llamadas telefónicas ni los mensajes.
