TEGUCIGALPA, HONDURAS
El problema de nunca acabar parece haberse reavivado en el sistema penitenciario nacional con la salida de llamadas telefónicas con el propósito de extorsionar y dar órdenes para cometer otros ilícitos.
La alerta la ha puesto la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) debido a que se tuvo conocimiento que hechos delictivos suscitados en la capital han sido ordenados por privados de libertad internos en los centros penales.
“Pasó un caso en el bulevar Suyapa donde se quemó un autobús y la orden vino del Centro Penitenciario Nacional de Támara”, aseveró un oficial de la FNA.
Un derecho del reo
Las leyes le confieren el derecho a los privados de libertad de realizar llamadas telefónicas para comunicarse con sus familiares. Sin embargo, este beneficio está siendo utilizado para cuestiones reñidas con la ley y no para el fin que fue creado.
A solicitud de organismos de derechos humanos desde hace algunos meses se instalaron cabinas telefónicas en todos los centros penales del país, excepto en las cárceles de máxima seguridad, es decir, el Pozo I y II.
Orle Solís, comisionado presidente del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), reconoció que “nosotros hemos recomendado que se instalen esas cabinas como medio de comunicación, porque el privado de libertad debe tener comunicación con su abogado, con su familia, es un derecho”.
Sin embargo, Solís explica que “el problema es que ha habido negligencia de las autoridades en la instalación de esas cabinas, nosotros recomendamos que fuera Hondutel porque es la institución del Estado, pero se las han otorgado a una empresa privada”.
Para el defensor de derechos humanos, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) debería de ser la que supervise, regule y controle las llamadas realizadas por los reos desde los reclusorios.
“No es culpa del privado de libertad, es culpa de ellos porque no pueden tener el control; hay bloqueos de teléfonos en los penales, pero no funcionan, siempre salen llamadas”, asegura Solís.
Entretanto, el subdirector del Instituto Nacional Penitenciario, German Mcniel, recalcó que “es un derecho fundamental de los privados de libertad, estas cabinas telefónicas se encuentran monitoreadas y controladas por la institución penitenciaria”.
“Se controlan los tiempos de las llamadas, se les dan cinco minutos para que puedan llamar, pero únicamente a los tres números que registren”, explicó Mcniel. El servicio lo provee una compañía de capital estadounidense.
