Millonarias pérdidas
Tegucigalpa, Honduras
De los seis profesionales del derecho que fueron propuestos por diferentes organizaciones de sociedad civil para optar al cargo de fiscal general del Estado, solamente dos han confirmado la aceptación.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y coordinador de la Junta Proponente, Rolando Argueta, dijo ayer que los abogados Ricardo Montes y Lidia Estela Cardona aceptaron la nominación.
Ambos fueron nominados por la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH).
Es decir que faltan cuatro abogados propuestos que confirmen si aceptan buscar el cargo de fiscal general del Estado o fiscal general adjunto.
La Junta Proponente se comunicará con las entidades que los propusieron a efecto de que en el plazo de 24 horas determinen con los interesados la aceptación o no de las postulaciones.
Tanto la abogada Vilma Morales y Juan Carlos Barrientos, propuestos por la Asociación Hondureña de Desarrollo Integral Social (AHDIS); y el actual fiscal general, Óscar Eduardo Chinchilla, que fue propuesto por cinco comités de las colonias La Era, la 3 de Mayo y otras, y por el pastor Moisés Aguilar, no han aceptado la nominación al cargo.
Igualmente, falta que acepte la postulación la señora Mayra Lizeth Aguilera, que fue propuesta por la CTH.
La Junta cerró la medianoche del lunes el proceso de inscripción con 28 candidatos, de los cuales 22 fueron autopropuestos y seis propuestos por diversas organizaciones de la sociedad civil.
Plazo
El miércoles, la Junta determinó no ampliar el plazo para recibir más nominaciones, según informó Argueta.
“Después de hacer las valoraciones correspondientes, la Junta Proponente decidió por unanimidad no prorrogar el plazo de inscripción de aspirantes al cargo de fiscal”, declaró para luego agregar que “las prórrogas no mandan un mensaje adecuado a la sociedad y representan un irrespeto a los que se inscribieron en el tiempo establecido”.
Hoy, la Junta comenzará a revisar preliminarmente cada una de las carpetas de postulación de los aspirantes, a efecto de determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.
Evaluación
Uno de los puntos aprobados ayer fue la evaluación de antecedentes profesionales, la cual se dividirá del 100 por ciento del puntaje en dos; 70 por ciento de 100 para las personas que cumplen con los requisitos exigidos por la Constitución de la República. Y el 30 restante se dividirá entre los diferentes criterios exigidos por el formulario.
La formación académica de postgrado y complementario tendrá un valor de seis por ciento, el ejercicio profesional especializado tendrá un valor de 15 por ciento, el tema del notariado será de un dos por ciento. Un valor de dos por ciento, igualmente, tendrá la dirección de órganos del sector justicia, dos por ciento tendrá si el profesional del derecho ha desempeñado algún cargo y tres por ciento al tema de publicaciones, reconocimientos, premios y conferencias.
“El que cumpla con los requisitos de ley tiene el 70 por ciento y pasa automáticamente a las audiencias públicas, no sin ser muy importante el 30 por ciento restante que se está evaluando”, manifestó Argueta.
Tras este proceso, los postulantes serán sometidos a las diversas pruebas de conocimiento, audiencias públicas y pruebas de confianza.
La Junta tiene hasta el 31 de julio para enviar una nómina de cinco candidatos al Congreso Nacional, pero el mismo Argueta ha dicho que se estima que la propuesta se presentará a finales del mes de mayo.
