Tegucigalpa, Honduras
Los exmiembros del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial se enfrentarán nuevamente a la justicia.
Este lunes, a las 10:00 de la mañana, está programada la audiencia inicial en contra de los seis miembros del desaparecido Consejo de la Judicatura, acusados de más 600 delitos de corrupción por el supuesto mal manejo viáticos. En esta audiencia, el Ministerio Público (MP) buscará que se les aplique la medida de auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra de los acusados.
De acuerdo a la acusación del MP, los exconcejales desviaron alrededor 13.5 millones de lempiras por concepto de giras nacionales y al extranjero. La Fiscalía supone responsable al expresidente Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos.
Mientras que al exvicepresidente del Consejo, Teodoro Bonilla, se le acusa de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.
Actualmente, Bonilla se encuentra en prisión cumpliendo una condena de seis años por el delito de tráfico de influencias, en el denominado Caso Shalom.
En el caso del exconcejal, Julio César Barahona, se le supone responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos y a José Francisco Quiroz Mejía se le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos.
Igualmente, a Liliam Emelina Maldonado, se le considera responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos y a Celino Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversación de caudales públicos y tres delitos de uso de documentos privados falsos.
Los exconcejales pagaron una fianza hipotecaría por un monto de un millón de lempiras cada uno para poder defenderse en libertad.
La defensa de los imputados alega que no hay acción por parte de la jueza para conocer ese proceso judicial debido a que los exconcejales continúan siendo parte de la estructura de empleados del Poder Judicial.
A criterio de la abogada Rosa Elena Bonilla, defensora del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, la Corte de Apelaciones debería revocar la resolución y ordenar que se haga el antejuicio a favor de su representado y demás imputados.
