Tegucigalpa, Honduras
Dentro de 48 horas, los exmiembros del Consejo de la Judicatura sabrán si van a prisión o si continúan en libertad.
El Ministerio Público (MP) buscará en el desarrollo de la audiencia inicial que los seis exconcejales vayan a prisión.
La audiencia se realizará este lunes a las 10:00 de la mañana en el Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción.
La jueza que conoce la causa podría dictarles auto de formal procesamiento y prisión preventiva o sobreseimiento provisional. Yuri Mora, portavoz del ente acusador, expresó que no pueden pronunciarse por el momento ante la pretensión de los exconcejales de buscar un antejuicio.
No obstante, que el MP mantiene su postura de lograr un auto de formal procesamiento y prisión preventiva para los imputados.
Los defensores legales de los acusados por más de 600 delitos de corrupción aducen que ellos se pueden amparar bajo esa figura del antejuicio porque siguen siendo funcionarios judiciales.
Los acusados son el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, Jorge Rivera Avilés.
A su vez el exvicepresidente del extinto órgano jurídico, Teodoro Bonilla. También los exconcejales Liliam Maldonado, Celino Aguilera, Francisco Quiroz y Julio Barahona. Ellos buscan blindarse haciendo uso del antejuicio y salir beneficiados.
Al haber un antejuicio, los exconcejales no tendrían que pasar por todo el proceso judicial establecido, ya que la Sala de lo Penal tendría que emitir un fallo al respecto.
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Antejuicio no les aplica
El asesor legal de justicia y seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, expresó que la figura del antejuicio no les aplica a los exconcejales.
“El antejuicio es un aspecto elemental que fue creado para efectos de proteger al juez en el ejercicio de sus funciones”, explicó.
Recalcó que ellos no están ejerciendo sus funciones porque los nombramientos quedaron en suspenso cuando los nombraron miembros del Consejo de la Judicatura.
“Como sociedad civil pedimos objetividad, que se aplique la ley y se interprete de una forma igualitaria y que haya un debido proceso”, dijo Madrid.
