Después de una maratónica jornada, la jueza que conoce el caso de los exmiembros del Consejo de la Judicatura, acusados de 600 delitos, determinó declarar medidas cautelares sustitutivas contra todos los exfuncionarios.
La audiencia inicial contra los exconcejales se realizará el próximo 23 de abril a las 10:00 de la mañana.
Los apoderados legales informaron que a cinco de los imputados se les otorgó una medida cautelar de fianza hipotecaria a favor del Estado de Honduras, excepto al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, quien deberá pagar una fianza de un millón de lempiras.
'La juez ante nuestro criterio, en cuanto a las medidas cautelares, ha sido muy objetiva en ese sentido y ha actuado apegada a la ley', dijo una de las abogadas.
La investigación contra los exconcejales detalla que se desviaron alrededor de 13.5 millones de lempiras en giras nacionales y el extranjero, en un período del 1 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2014.
Los imputados son: el expresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial y expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés.
Al expresidente de la CSJ se le supone responsable de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 delitos de malversación de caudales públicos.
El exvicepresidente del extinto órgano jurídico, Teodoro Bonilla, es acusado por 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 delitos de abuso de autoridad.
Bonilla fue condenado en septiembre de 2017 a seis años de prisión por tráfico de influencias en el denominado caso Shalom. El exconcejal ya había sido acusado por el MP por actos de corrupción en el desaparecido Consejo de la Judicatura.
En cuanto a los exconcejales propietarios, a Julio Barahona se le presume responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos. A su vez a José Francisco Quiroz se le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos.
Mientras que a los miembros suplentes de la entidad, a Liliam Maldonado se le considera responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos y a Celino Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversación de caudales públicos y tres delitos de uso de documentos privados falsos.
