Tegucigalpa, Honduras
El veto presidencial a las reformas de la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito será turnado este lunes a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Seguido de eso, los magistrados revisarán y analizarán el contenido del decreto 30-2018 y el veto que emitió el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
El mandatario rechazó el 3 de abril las enmiendas hechas a la normativa en 18 artículos y también tres disposiciones a la Ley contra el Delito de Lavado de Activos. Con un promedio de 70 votos a favor se aprobaron esas reformas en el Congreso Nacional (CN) el pasado 20 de marzo.
La CSJ tiene tres meses (90 días) para emitir una opinión al respecto sobre la vialidad de las enmiendas que se aprobaron al proyecto de ley.
Ese fue el plazo que dio el Congreso Nacional, que envió el escrito a la secretaría general del Poder Judicial el pasado viernes.
No obstante, la opinión que emita este poder del Estado no es vinculante, solo es ilustrativa.
“Son dos cosas, uno es el escrito de veto que va para la Sala Constitucional y luego hay una petición de análisis de la situación que se va hacer a lo interno de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal”, dijo a EL HERALDO Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial.
Esa comisión es conformada por la CSJ, el Ministerio Público (MP), el CN, las secretarías de Seguridad y Defensa, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y otras instituciones.
A su vez resolverá si se deben efectuar cambios al instrumento jurídico y emitir las recomendaciones necesarias.
