Tegucigalpa, Honduras
De ahora en adelante el aseguramiento de bienes será una medida precautoria cautelar, pero no definitiva para privar a un acusado de los mismos y procederá sobre los que constituyan el domicilio familiar y menaje del hogar.
Los imputados por corrupción, narcotráfico u otros delitos no podrán transferir, convertir, gravar, enajenar o trasladar bienes durante su aseguramiento y sus familiares o parientes podrán seguir habitando en estos hasta que sean vencidos en juicio cuando se le podrá aplicar la incautación.
Así quedó establecido con la aprobación de reformas a 18 disposiciones y ciertos numerales del dictamen de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de origen Ilícito admitidas en la sesión del martes anterior con un promedio de 70 votos a favor.
El proyecto inicial contemplaba la derogación del artículo 80 de la retroactividad, pero en lo admitido estipula que por principio constitucional esta normativa vigente desde el 2010 no tiene efecto retroactivo, por lo cual su aplicación será a partir de su vigencia.
También se hicieron enmiendas por adición al artículo 2 numeral 15 y 19 de la Ley contra el delito de Lavado de Activos concernientes a las definiciones de incautación y aseguramiento, incluyendo reformas a los artículos 67 y 90, en los que se agrega un nuevo párrafo.
Discusión del dictamen
Aunque el titular de la comisión dictaminadora de estas reformas, Mario Pérez, anunció que el dictamen estaría listo hasta después de Semana Santa, se presentó en la sesión de forma sorpresiva, lo cual alertó a los diputados de las bancadas de oposición.
El dictamen contó con el voto particular del congresista del partido Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Casaña, quien no estampó su firma argumentando que “hay señalamientos de que este Congreso legisla a favor de corruptos, narcotraficantes, y en lugar de aprobar estas enmiendas se deben de derogar otras normativas que han repercutido con el Estado de derecho”.
El vicepresidente del Poder Legislativo, Denis Castro Bobadilla, quien fue el diputado proyectista, decidió retirar la iniciativa que presentó, se adhirió al dictamen elaborado y presentó una moción para dispensar dos debates para proceder de una vez por todas a su discusión, al igual que admisión.
Con 67 votos a favor, 32 sufragios en contra, 26 abstenciones y tres que no votaron se aprobó la moción de dispensa de debates, por lo que inició la discusión del dictamen en tercer y último debate. Todo esto ocurrió a una hora inusual, ya que las sesiones no han solido extenderse por la noche en este y tampoco durante el pasado Congreso, pero los miembros de la junta directiva dirigida por el nacionalista Antonio Rivera Callejas -en ausencia de Mauricio Oliva- no le dieron más largas a estas enmiendas.
Lee aquí: Dictamen Ley Sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito
El vocero de la bancada de Libre, Jorge Cálix, y Doris Gutiérrez, jefa de la bancada del Partido Innovación y Unidad (Pinu), anunciaron que ninguno de los legisladores de estas fuerzas políticas respaldaría las polémicas reformas que han sido cuestionadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), así como por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
A medida que transcurrieron los minutos, en el hemiciclo se escuchaban las voces disonantes y el rotundo rechazo de congresistas a estas modificaciones, a quienes se les concedió la palabra; sin embargo, la reunión fue tomando un carácter circense entre acusaciones y contra acusaciones.
Varios parlamentarios alzaron sus voces por no tener acceso al dictamen que se estaba discutiendo, el cual sufrió modificaciones respecto al proyecto que introdujo Castro Bobadilla, quien lo defendió a “capa y espada” hasta el final.
La bancada del Partido Nacional votó de manera unánime y favorablemente en cada una de las enmiendas y fue acompañada por los diputados de la Alianza Patriótica Hondureña, algunos legisladores del Partido Liberal, de la Democracia Cristiana (DC) y la Unificación Democrática (UD).
Sin embargo, el doctor Mario Noé Villafranca negó que haya votado a favor, ya que tuvo que salir a atender una urgencia.
Un altercado verbal protagonizó el congresista Sergio Castellanos, de Libre, con Rivera Callejas, quienes luego se salieron del tema en debate y empezaron a hacer señalamientos mutuos por los dineros recibidos a través del Fondo de Desarrollo Departamental. El derecho al uso de la palabra en la cámara legislativa fue coartado en múltiples ocasiones para los diputados de la oposición.
Al filo de las 10:00 PM estas enmiendas ya habían sido aprobadas y para dejarlas en firme suspendieron la sesión y al instante la volvieron a reanudar para admitir el acta número ocho sin dar lugar a una reconsideración.
El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) emitió ayer una resolución para instruir a diputados a fines a Luis Zelaya a presentar un replanteamiento al acta de la sesión anterior, pero sería en vano porque esta ya quedó aprobada.
Mira aquí: Los seis puntos más importantes de la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes en Honduras
Revocadas
Las medidas de incautación y aseguramiento serán revocadas pasado doce y seis meses respectivamente de haber sido dictadas, sin que el Ministerio Público (MP) haya promovido la acción y otorgado la prórroga de plazo, de acuerdo a los agregados hechos a los numerales 5 y 6 del dictamen aprobado.
Subraya que “sobre aquellos bienes que constituyan el domicilio familiar y el menaje del hogar, únicamente procede la medida precautoria de aseguramiento”.
Mientras que en la reforma al artículo 67 del decreto 144-2014, contentiva a la Ley contra el delito de Lavado de Activos, añade que no procederá la incautación sobre aquellos bienes que constituyan el domicilio familiar y el menaje del hogar.
“Lo anterior salvaguardando el derecho de habitación provisional de la casa y menaje necesario para tener una vida digna, que haya sido otorgado conforme a lo establecido en el artículo 3, inciso 5 de la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito y artículo 2 numeral 19 de la presente ley”, estipula el agregado al aseguramiento de bienes contenido en el artículo 90.
Un nuevo artículo fue incorporado por propuesta de Castro Bobadilla, el cual plantea que “todo perjuicio generado al Estado de acciones derivadas a esta ley, la Procuraduría General de la República perseguirá los bienes y activos de los funcionarios que hayan incurrido en la misma”.
Hasta después de Semana Santa podrían ser publicadas estas enmiendas en el diario oficial La Gaceta para su entrada en vigencia, y previo a que sean sancionadas por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández.
