Honduras

El Ministerio Público prepara más acusaciones por actos de corrupción

Los requerimientos serán emitidos contra exfuncionarios y familiares de actuales funcionarios

08.03.2018

Tegucigalpa, Honduras
La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público trabaja una segunda oleada de acusaciones en las que también se encuentra implicada la ex primera dama de la nación, Rosa Elena Bonilla de Lobo.

Los requerimientos fiscales, además, implicarían a altos exfuncionarios y familiares de funcionarios del gobierno de Porfirio Lobo implicados en supuestos actos de corrupción.

Así lo reveló a EL HERALDO una fuente ligada al proceso de investigación.

Reveló que son al menos una decena, entre funcionarios y exfuncionarios, los que serían puestos a las órdenes de los jueces en materia de corrupción.

Esta línea es derivada de la primera investigación, por la que ya se encuentran procesados y con arresto preventivo la ex primera dama y su cuñado Mauricio Mora.

Hasta ahora se desconoce la fecha en que se emitirán los requerimientos fiscales debido a que los agentes de tribunales se encuentran afinando algunas diligencias investigativas de este caso.

Esta segunda etapa de acusaciones traerá consigo una serie de aseguramientos de lujosos bienes muebles e inmuebles.

Zapatazo
En manos del Ministerio Público se encuentra una línea de investigación remitida por el Tribunal Superior de Cuentas desde el año 2015, en la que se implica a Bonilla en supuestos actos de corrupción.

El informe del TSC se desprende de una auditoría financiera y de cumplimiento legal practicado al Programa de Asignación Familiar entre 2010 y 2012, que constató hallazgos de varias irregularidades.

“Existen indicios de responsabilidad penal, opinión que de ser compartida con esa Fiscalía, provocará que esa dependencia entable la acción penal correspondiente ante los tribunales ”, cita el oficio remitido por el TSC al MP.

La investigación revela la presunta sobrevaloración de 42,100 zapatos escolares que fueron comprados a 7.7 millones de lempiras.

Asimismo, el TSC identificó la presunta falsificación de documentos públicos para justificar procedimientos de compra de calzado y liquidación de viáticos y otros gastos de viaje.