Tegucigalpa, Honduras
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donará equipo que facilite la operatividad de las entidades que sean creadas mediante la Ley Nacional de Ciberseguridad y medidas de protección ante los actos de odio y discriminación en Internet y redes sociales.
El presidente de la comisión de dictamen de este proyecto de decreto, Gerardo Martínez, confirmó a EL HERALDO que “algunas entidades ya tienen ofrecimientos de cuando la ley esté aprobada. Por ejemplo, el BID nos va a donar parte de un equipo que se necesita para que podamos bajar la información y tener mejor funcionamiento en lo que son estas entidades”.
Con la normativa que pasó este jueves en su primer debate en el Congreso Nacional surgirá el Comité Interinstitucional de Ciberseguridad (CIC) que estará integrado por 19 instituciones y será el encargado de formular, diseñar, implementar y vigilar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
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La Secretaría de Coordinación General de Gobierno, Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Secretaría de Defensa y Seguridad son algunas de esas instituciones que formarán parte de ese ente.
En un plazo no mayor a seis meses, luego de la publicación de este nuevo instrumento jurídico, este Comité, que será un órgano autónomo, deberá de elaborar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y medidas de protección ante los actos de odio y discriminación en Internet y redes sociales. Una Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad se conformará para el funcionamiento del Comité y como el ente encargado de velar por la ejecución de las políticas aprobadas por el mismo.
Una de las dependencias de esta Dirección será el Centro de Respuestas a Incidencia Cibernética, el cual se encargará de la recepción de denuncias de los afectados por contenido ilegal que se difunda a través de Internet.
“Entre las 19 instituciones van a nombrar quién va a dirigir el Comité de Ciberseguridad y ellos van a ser los encargados de la elaboración del reglamento”, precisó Martínez. Tras reuniones con representantes de la sociedad civil, medios de comunicación, sector privado de telecomunicaciones, iglesias y patronatos, los miembros de la comisión dictaminadora modificaron el contenido de la iniciativa original que fue presentada por el diputado del Partido Nacional, Marcos Paz Sabillón.
Paz Sabillón, que fue el diputado proyectista, decidió retirar el proyecto que presentó el pasado 1 de febrero y se adhirió al dictamen elaborado por la comitiva integrada por siete congresistas, de los cuales solo cinco participaron en los acercamientos con diversos sectores de la sociedad.
Aunque en primer debate solo se lee el articulado de una iniciativa, en esta ocasión se hizo una excepción y el presidente por ley del Congreso, Antonio Rivera Callejas, le cedió la palabra a dos diputados de las fuerzas opositoras.
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Señalamientos
El subjefe de bancada del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Luis Redondo, solicitó opiniones técnicas legales por entes nacionales avalados en la materia sobre esta ley, asegurando que promoverá el espionaje gubernamental.
Mientras que el legislador de Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, cuestionó el haber dejado por fuera de la socialización a los mismos diputados y pidió que el parlamentario proyectista explicara en qué se basó su polémica iniciativa.
La diputada de Libre, Aída Reyes, estaba dentro de la comisión de dictamen, pero no participó en la socialización y anunció que emitirá su voto particular en contra de la denominada “ley antiodio”.
Las bancadas del Partido Liberal, Pinu y Libre se opondrán al momento de la votación del articulado de esta legislación que castigará al usuario que emita contenido que sea tipificado como ilegal, discurso de odio o que incite a la discriminación.
Sin embargo, tan solo se necesita de mayoría simple, es decir 65 votos a favor, para aprobar la Ley Nacional de Ciberseguridad. Los 61 diputados de la bancada del PN respaldarán de forma unánime esta iniciativa, a quienes se les sumarán cuatro sufragios de la Alianza Patriótica Hondureña (APH) y otros dos de la Democracia Cristiana (DC) y Unificación Democrática (UD), respectivamente.
Veeduría social
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) será la institución que coordinará el Consejo de Veeduría Social, un mecanismo de participación social que darán seguimiento al cumplimiento de obligaciones, compromisos, competencias y funciones del Comité Interinstitucional de Ciberseguridad.
Otras diez entidades participarán en esta comisión, la cual podrá emitir informes y participar en las reuniones del órgano autónomo por lo menos dos veces al año y cuando su participación sea solicitada.
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) formará parte de esa veeduría social, no obstante, el titular de este ente, Dagoberto Rodríguez, criticó en su cuenta de Twitter que “salió peor el remedio que la enfermedad”. Subrayó que el “dictamen pone en precario la libertad de expresión y expone a sitios web de contenido informativo a millonarias multas y la supresión de contenidos considerados ilegales”.
En el octavo artículo se establecen multas que van de los 50,000 a un millón de lempiras hasta la supresión y bloqueo del sitio.
La Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad será la autoridad administrativa competente para el juzgamiento y sanción de las faltas por no atender las denuncias formuladas.
De acuerdo con el quinto artículo del dictamen, “las denuncias podrán ser interpuestas tanto por la víctima directamente ofendida o afectada como por un tercero que justifique interés directo por considerar que el contenido ilegal de una publicación hecha en un sitio web le perjudica”.
Cuando los administradores de estos medios digitales que produzcan y transmitan contenidos a través de servicios de comunicaciones electrónicas formuladas o no cuenten con un procedimiento para la atención de los reclamos o reportes, los perjudicados por un contenido ilícito podrán denunciarlos ante el Centro de Respuestas a Incidencia Cibernética.
Una de las disposiciones que se agregó a la normativa es la concerniente al presupuesto, donde la Secretaría de Finanzas (Sefin) establecerá una partida para la implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y en base al presupuesto aprobado anualmente por el Poder Legislativo.
