En 1993, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció oficialmente el derecho humano de las mujeres a vivir libres de violencia.
Poco a poco la sociedad empieza a comprender que la violencia contra las mujeres (VCM) es una violación a los derechos humanos que se escurre con impunidad por todos los espacios, dejando consecuencias económicas y sociales negativas para toda la sociedad.
Lo que no se quiere entender es que este es un fenómeno que se origina en la desigual relación de poder entre hombres y mujeres; es una forma de discriminación por el solo hecho de ser mujer. La miseria de la subordinación de género, que es invisibilizada y ridiculizada.
La VCM inhibe la capacidad de la mujer para potenciar su capacidad creativa y reclamar sus derechos como ser humano en un plano de igualdad. De acuerdo con el Banco Mundial, el impacto de este fenómeno representa entre el uno y el cuatro por ciento del PIB.
El Centro de Estudio de la Mujer indica que en Honduras el 27% de las mujeres ha sufrido violencia física en algún momento de su vida y los registros del Observatorio de la Violencia de la UNAH confirman que cada 18 horas una mujer es asesinada. La impunidad del 95% es otra forma de discriminación.
La violencia doméstica es la segunda causa de denuncias ante el Ministerio Público que recibe no menos de diez mil al año. La impunidad en estos casos es otra forma de discriminación.
Sin importar clase social, raza o religión, la VCM impide avanzar hacia el desarrollo. Entonces, no es una cuestión solo de mujeres, es un problema que afecta a hombres y mujeres, a la familia, al país en general.
Al anunciar los 16 Día de Activismo contra la Mujer, la representante de ONU Mujeres-Honduras, Margarita Bueso, propuso un pacto que articule esfuerzos multisectoriales para detener la VCM a través de una respuesta integral.
La idea fue ahogada por la crisis político electoral de noviembre, pero este es un tema de extrema importancia que debe ser retomado con el concurso especial de la clase política, que en su campaña electoral minimizó las demandas de las mujeres.
