Tegucigalpa, Honduras
Además de que se mantenga la estabilidad macroeconómica del país en un nuevo gobierno, el sector privado espera una revisión a la política fiscal en materia de tributos.
Entre estas la derogación del 1.5% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la racionalización y mejora del gasto público, según explicó Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
El 1.5% es considerado por los empresarios como un impuesto inconstitucional y confiscatorio que afecta las finanzas de las empresas, ya que es aplicado sobre las ventas brutas a las que facturan 10 millones de lempiras o más al año y no sobre las ganancias.
Por otra parte, el empresariado apunta hacia un trabajo conjunto, gobierno y sector privado, para lograr las metas en materia de competitividad y facilidad para hacer negocios.
También para adoptar el sistema de simplificación administrativa que conlleve la aprobación y vigencia del gobierno electrónico y la firma digital, lo que reduce los trámites burocráticos para las empresas.
De igual forma agilizar la emisión de permisos y licencias para nuevos proyectos.
En adición, hace falta aprobar e implementar las leyes derivadas del Código Tributario y de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, según Urtecho.
Reconoce que además de que los indicadores macroeconómicos han mejorado también se han disminuido los índices de criminalidad y los trámites aduaneros.
“Esperamos el respeto al Estado de derecho, fortalecimiento al sistema de seguridad y justicia”, agregó el representante del Cohep.
El deseo es que el país trabaje de manera coordinada, sincera, franca y honesta, para crear las condiciones para la inversión, el crecimiento inclusivo y la generación de empleo para el bienestar de los hondureños, sostuvo
