Tegucigalpa, Honduras
Las empresas que participarán en el proceso de adquisición de grilletes electrónicos serán certificadas por el gobierno hondureño. Este extremo fue confirmado por el subsecretario de Seguridad, Luis Suazo.
Hasta hoy, entre 10 y 12 empresas, entre nacionales e internacionales han tenido acercamiento con el Estado para ofrecer el servicio de los brazaletes electrónicos.
En ese sentido, se verificará la procedencia de cada una de las empresas y su experiencia en otros países, entre otros aspectos.
“Cuando yo hablo de una certificación técnica, esas cosas se van a investigar y son requisitos que ya están por escrito, porque no vamos a admitir aquí empresas que vengan pretender dar servicios que no tienen experiencia en otros lugares”, manifestó Suazo.
De acuerdo al funcionario, las empresas que participarán en este proceso deberán tener por lo menos cinco años en los países que han participado.
“El gobierno de Honduras no va hacer ni una licitación ni una concesión, sino que las empresas puedan establecerse y competir por precio”, explicó.
Reglamento
En este momento, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y del gobierno están elaborando el reglamento de la utilización de los grilletes.
Este reglamento se encuentra avanzado en un 75 por ciento, “estamos haciendo unas verificaciones en otros países de sus experiencias para tratar de evitar cualquier problema que ellos hayan tenido o mejores prácticas sobre este proceso y con eso vamos a terminar el reglamento de requisitos técnicos”, señaló el viceministro.
Una vez que se concluya con la construcción de esta herramienta legal se publicarán para que las empresas interesadas en operar con estos servicios vayan a una institución pública que hará la certificación de cada uno de los aparatos.
Entre dos mil y tres mil privados de libertad de baja peligrosidad estarían autorizados por el INP para acceder al servicio de brazaletes electrónicos.
De acuerdo a estimaciones, entre 60 y 800 lempiras diarios por el alquiler de cada brazalete electrónico, deberá ser pagado por el privado de libertad, pero monitoreado por el Estado.
Suazo reconoció que han obtenido información de experiencias en países como República Dominicana, Perú, Portugal y Chile, entre otros.
“Hay resultados muy buenos, otros que empezaron con un proceso y están teniendo muchos problemas y cambiaron su proceso, y es por eso que vamos a estudiar para no tener ese tipo de dificultades”, concluyó.
