Tegucigalpa, Honduras
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) desde el año 2015 detectó una serie de presuntos actos de corrupción en el Programa de Asistencia Familiar (Praf), durante el gobierno anterior de Porfirio Lobo Sosa.
Es decir que el ente acusador ya había advertido de algunas irregularidades en la administración del Praf.
Así lo revelan dos informe de auditoría de ese ente acusador del Estado realizadas en el período 2010-2014.
Aunque la mayoría de los hallazgos fueron de responsabilidades civiles, en el informe se encuentran incluidas una serie de responsabilidades penales que fueron remitidas al Ministerio Público (MP) y se encuentran en proceso de indagación.
El Tribunal confirmó responsabilidades de los dos tipos en dichas auditorías en el Praf.
“Los pliegos de responsabilidades civiles encontradas ya fueron notificadas, en algunos de los casos los exfuncionarios están resarciendo el daño”, señaló una fuente ligada al proceso de investigaciones.
Hallazgos
En el informe se estableció entre los hallazgos de responsabilidad penal la compra de zapatos para niños a un monto de 7.7 millones de lempiras con fondos del Praf.
La auditoría constató la alteración en algunos documentos que soportan el pago realizado en concepto de compra de calzado, indica el mismo oficio.
Otra irregularidad refiere a que se utilizó una misma factura con diferente fecha para amparar las compras pagadas con cheques.
Por otro lado, el Praf no confirmó los documentos de liquidación de viáticos y gastos de viaje presentados por varios exfuncionarios del Programa, ya que varios hoteles del país confirmaron que algunas facturas presentadas por empleados no corresponden a las emitidas por ellos.
La auditoría establece, entre otros hallazgos, que existían cuentas por cobrar de exfuncionarios y empleados del Praf, en concepto de anticipo de viáticos otorgados que no cuentan con documentación que evidencie la solicitud, realización y liquidación de los mismos.
El Programa de Asignación Familiar efectuó pagos a algunos funcionarios y empleados en concepto de reembolsos por compras de alimentos y otros, realizadas sin que estas cuenten con las justificaciones y documentación pertinentes.
Además, el Praf efectuó pagos por concepto de alimentos y bebidas para empleados que laboraron tiempo extraordinario, así como para eventos de los cuales no existe evidencia del personal que asistió a los mismos.
Por otra parte, no se realizaron deducciones a algunos exfuncionarios y empleados del Praf por llegadas tardías e inasistencias, entre otros resultados.
Denuncia
Recientemente el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA),presentó dos líneas de investigación en la que presuntamente funcionarios del Praf favorecieron a tres empresas con 420 contratos para capacitar jóvenes y mujeres de escasos recursos económicos en 16 departamentos del país.
De los 420 contratos, 243 contratos fueron adjudicados a una sola empresa y el resto a otras dos. Esto ocasionó un perjuicio de más de 30 millones de lempiras.
El caso ya es investigado por la Unidad Fiscal Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público.
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