Un equipo internacional de abogados dijo el martes que el asesinato en 2016 de la activista ambiental hondureña Berta Cáceres fue producto de un complot fraguado cuatro meses antes e insinuó que los jefes de una empresa constructora podrían haber ordenado el asesinato.
Un informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) dijo que se había identificado a los “posibles autores intelectuales” del asesinato más allá de los ocho que ya están acusados y que el crimen “no es un hecho aislado”.
Cáceres, que recibió el prestigioso Premio Ambientalista Goldman por encabezar a su pueblo indígena lenca en la oposición a una represa hidroeléctrica, fue asesinada el 2 de marzo de 2016 por hombres armados que irrumpieron en su casa durante la noche. Gustavo Castro Soto, un activista mexicano, resultó herido.
GAIPE, integrado por cinco abogados de Estados Unidos, Colombia y Guatemala, se formó el año pasado para realizar una investigación independiente por pedido de la familia de Cáceres y de su agrupación, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quienes temían que las autoridades no llevarían a los autores intelectuales a la justicia. Sus conclusiones no son legalmente vinculantes.
El informe, presentado en Tegucigalpa, se basó en decenas de entrevistas, archivos judiciales, informes independientes y lo que el grupo calificó de acceso parcial a las pruebas provistas por investigadores del gobierno, entre ellas “una fracción” de los archivos telefónicos que constituyen el meollo del caso.
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“Pese a la secretividad con que se ha manejado la investigación, el GAIPE ha logrado establecer la participación de directivos, gerentes y empleados de (la empresa constructora de la represa) DESA; de personal de seguridad privada contratado por la empresa; de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al asesinato del 2 de marzo de 2016”, dice el informe. “Esos hechos aún permanecen impunes”.
Yuri Mora Carías, vocero del Ministerio Público hondureño, dijo a The Associated Press que los ocho arrestados son los presuntos autores materiales del asesinato de Cáceres y se ha recuperado el arma homicida, pero la investigación sigue abierta.
“Lo que está costando para Ministerio Público es llegar a quién pagó para el asesinato”, reconoció Mora Carías.
Añadió que una misión anticorrupción patrocinada por la Organización de Estados Americanos presta su ayuda y que las autoridades esperan identificar a todos los involucrados.
Los fiscales no han vinculado públicamente a Desarrollos Energéticos SA (DESA) al asesinato ni han atribuido un motivo a los sospechosos.
DESA ha negado reiteradamente toda participación en el asesinato de Cáceres. Sostiene que las protestas contra la represa organizadas por Copinh eran violentas y dañaban propiedades.
GAIPE no acusó a algún directivo de DESA de participación en el asesinato, y los nombres de las personas no acusadas fueron borrados de las transcripciones. Ningún directivo de la empresa ha sido arrestado.
Honduras es el país más mortífero per cápita para activistas de la tierra como Cáceres, con 14 asesinatos el año pasado, entre ellos otros dos miembros de Copinh, de acuerdo con un informe de Global Witness publicado en julio.
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Sobre la base de comunicaciones entre empleados de DESA y funcionarios del gobierno, el informe de GAIPE dice que la empresa se alió desde el comienzo con organismos de seguridad estatales y privados para aplicar una estrategia de “control y represión” de los adversarios del proyecto.
Se vigilaba a Cáceres y en ocasiones se pagaba a personas que dieran información sobre sus actividades. Según el informe, DESA presuntamente pagaba a periodistas para “difundir la desinformación” sobre ella y Copinh, que se oponía a la represa porque amenazaba sus tierras ancestrales.
“La estrategia tenía por objeto controlar, neutralizar, y eliminar cualquier oposición”, dice el informe.
Según GAIPE, el asesinato de Cáceres “fue producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA, quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia ... (y) actuaron en alianza con fuerzas de seguridad del Estado y estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado”.
El informe alega que en noviembre de 2015, un directivo de DESA se comunicó con Douglas Geovanny Bustillo, un empleado de seguridad con experiencia en las fuerzas armadas y el gobierno, para poner en marcha el plan de asesinar a Cáceres.
Bustillo es uno de los sospechosos detenidos y acusados. Supuestamente intentaron asesinar a Cáceres el 5-6 de febrero de 2016, pero desistieron porque carecían de vehículo y porque había otras personas con ella.
Según el informe, los archivos telefónicos revelan que el 1 de marzo de 2016, Bustillo y un directivo de DESA no identificado acordaron reunirse la mañana siguiente. No hubo más menciones de esa reunión, pero el 2 de marzo, dice, los sospechosos se encontraban en la ciudad costeña de La Ceiba desde donde viajarían a La Esperanza, a unas seis horas en automóvil.
Allí, al menos dos pistoleros derribaron a patadas una puerta en el patio trasero de la casa de Cáceres poco antes de la medianoche. Cáceres recibió tres disparos en el pecho.
Los archivos revelan numerosas comunicaciones entre los sospechosos antes y después del asesinato, según el informe. Dice que alrededor de las 6:30 de la mañana siguiente al crimen, uno de los sospechosos llamó a un número telefónico atribuido al directivo anónimo de DESA. Según el informe, Bustillo se había comunicado con el mismo directivo el 6 de febrero con el mensaje: “Misión abortada hoy. Ayer no se pudo. Esperaré lo Que ud dijo xq ya no tengo logística estoy en cero”.
GAIPE dijo que los arrestos y la recuperación del arma homicida eran avances positivos en la investigación, pero que ha documentado numerosos casos de errores y negligencia.
La investigación oficial se centró al principio en miembros de Copinh y socios de Cáceres, y calificó el asesinato de crimen pasional. GAIPE también dijo que la policía inspeccionó por primera vez la casa tres horas después del asesinato y “anotaron la presencia de personas particulares en la casa y la modificación de la escena del crimen”.
“Ha sido insuficiente e incompleta”, dijo el informe acerca de la investigación, generando dudas acerca de si alguna vez se sabrá toda la verdad. “Aún falta identificar la totalidad de personas responsables”.
El informe criticó a las fuerzas de seguridad hondureñas por no proteger a Cáceres a pesar de que se sabía que su vida corría peligro.
GAIPE también criticó a las instituciones crediticias internacionales, que si bien retiraron los fondos para la represa Agua Zarca en los meses siguientes al asesinato de Cáceres, no deberían haberlos otorgado dada las numerosas prevenciones.
La madre de Cáceres elogió el informe, que comprende unas 90 páginas de texto, notas y anexos.
“Ya es posible que las autoridades, el Ministerio Público y la fiscalía tomen en cuenta y que ya se castiguen a los verdaderos asesinos... Que no descansemos para hacer justicia para Bertita”, dijo Austra Flores.
