Tegucigalpa, Honduras
La Inspectoría General de Tribunales ha remitido en los últimos meses más de 35 expedientes de jueces y funcionarios del Poder Judicial al Ministerio Público (MP) por presuntos actos reñidos con la ley.
Así lo confirmó a EL HERALDO Anny Belinda Ochoa, inspectora general del Poder Judicial.
De estas denuncias, 30 se encuentran en un exhaustivo proceso de investigación, en muchas de ellas los funcionarios involucrados ya han llegado a declarar a la Fiscalía.
La funcionaria judicial informó que de las 35 denuncias, cinco habían sido cerradas debido a que no se encontraron indicios de alguna responsabilidad penal.
Entre los funcionarios denunciados se encuentran jueces, secretarios e inscribientes, aseguró Ochoa.
Una de las principales investigaciones se basa en que los funcionarios modifican las incapacidades médicas, lo que constituye un delito penado por el Código Penal.
Asimismo, existen varias denuncias por el delito de desobediencia, es decir, que la Inspectoría de Tribunales emite una resolución, pero los funcionarios hacen caso omiso de la misma y por ello, tal como lo establece la norma, son remitidos al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
Una de las últimas investigaciones que está haciendo la Inspectoría es la denuncia contra un juez que presuntamente emitió una orden de captura en contra de un menor de edad.
Este caso está siendo investigado, el funcionario judicial ya brindó su declaración de lo sucedido, donde alegó ante las autoridades competentes que no fue cierto la ejecución de dicho requerimiento fiscal.
En los próximos días se conocerá la resolución en torno a este proceso judicial, informaron las autoridades del MP.
