Tegucigalpa, Honduras
En Honduras hay 31,387 guardias privados en posesión de 28,464 armas de diferentes calibres.
Estos agentes se desempeñan en al menos 1,038 empresas de seguridad privada que, según las autoridades, operan a nivel nacional.
Adicionalmente hay 199 empresas más que están en trámites de registro para iniciar sus operaciones.
En este escenario, las autoridades buscan regular de una vez por todas este tipo de servicios en el país.
Y es que la Comisión Especial de Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional, la Secretaria de Seguridad y la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional están elaborando una nueva ley que normalizará dichos servicios.
Este extremo fue confirmado por el representante de la Comisión de Depuración, Omar Rivera.
De acuerdo con el depurador, “por muchos años se ha denunciado que estas empresas operan ilegalmente, contratan personal que no es idóneo y violentan los derechos de quienes laboran en ellas”.
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199 empresasempresas de seguridad privada están en proceso de registro. |
Ley
La nueva normativa tendrá los siguientes principios: respeto a los derechos humanos, es decir que las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, reguladas en la ley, mantengan y promuevan el respeto irrestricto de los derechos humanos en el desarrollo de sus actividades.
El personal de seguridad privada estará obligado a usar técnicas de prevención y medios de defensa razonables y proporcionales.
Asimismo, se regirá bajo el principio de complementariedad y coordinación. La seguridad privada será complementaria a la función de la Policía Nacional de Honduras y apoyará los fines de la seguridad ciudadana.
El desarrollo de servicios de seguridad privada no otorgará al personal que los realiza el carácter de autoridad pública, según la nueva ley.
También, bajo el principio de colaboración, las empresas privadas deberán apoyar a la Policía Nacional en situaciones de comisión de un delito, una falta o cuando se afecte la seguridad ciudadana.
En otra parte del borrador en que ya trabajan los depuradores establece un código de comportamiento del personal, es decir que en todo lo relacionado con su comportamiento profesional, el personal de los servicios privados de seguridad se regirán por las normas contenidas en el Código de Comportamiento del personal de los servicios de seguridad privada establecido en el reglamento de esa ley.
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Además, “se establecen las bases legales para proporcionar los servicios relacionados a la seguridad con el objeto general de proteger u ofrecer seguridad a personas, bienes, locales, emplazamientos, eventos públicos y privados, transporte de valores, incluyendo la regulación del uso de vehículos blindados, y las empresas dedicadas al ofrecimiento de estos vehículos, por medio de venta o arrendamiento, así como el servicio de blindaje sobre los mismos”, exteriorizó Rivera.
El proyecto está compuesto por 69 artículos. Se espera que antes de finalizar el mes de julio del presente año ya se cuente con la propuesta final consolidada y sea introducida al seno de la asamblea legislativa. Actualmente, las empresas de seguridad son reguladas por un solo reglamento.
El artículo 124 de la Ley Orgánica de la Policía establece que dichas operadoras privadas deberán ser supervisados y controlados por la Dirección de Control de los Servicios Privados de Seguridad y otros Servicios, como reemplazo de la Unidad de Control de los Servicios Privados de Seguridad.
