Santa Bárbara, Honduras
Después de permanecer varias horas detenido por la autoridades por la supuesta comisión de un delito, el doctor José Alberto Mejía Mejía recobró este lunes su libertad.
La razón para la liberación casi inmediata del galeno que labora en la cárcel de máxima seguridad El Pozo I es que aparentemente en el Código Procesal Penal no podría tipificarse como un delito el hecho de sacar un papel de un centro penal.
El jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de la ciudad de Santa Bárbara, inspector José Omar Mejía, aseguró que “se dejó en libertad porque no se comprobó el delito y se le abrió un proceso investigativo por varios delitos”.
Decomiso del teléfono celular
El teléfono celular del médico fue decomisado por los agentes de investigación con el objetivo de practicarle un vaciado y buscar más información que sea de utilidad en el esclarecimiento del caso.
De igual manera se confirmó que el papel que el médico llevaba en su poder era dirigido a un familiar de un privado de libertad donde le pedía que cobrara 30 mil lempiras semanales.
El jefe de la DPI, José Omar Mejía, detalló que el papel encontrado en la gabacha del médico que labora para el Instituto Nacional Penitenciario (INP) tenía una orden específica para un familiar de uno de los reclusos que decía “por favor cobrar semanalmente 30 mil lempiras”.
En el escrito no se detallan nombres a quienes iba la carta o a quién tenían que cobrarle los 30 mil lempiras, ni la pandilla o mara que enviaba la nota extorsiva.
No le imputaron delitos
Horas después de la detención el profesional de la medicina fue enviado a la Fiscalía para que un fiscal especial pudiera analizar el caso y así valorar que delitos que se le podían imputar.
Pero el fiscal que conoció la causa incoada contra Mejía Mejía ordenó poner al médico en libertad, ya que el Código Procesal no establece un delito en específico.
Sin embargo, se ordenó que se abriera un proceso investigativo por los supuestos delitos de violación a los deberes de los funcionarios, asociación ilícita y abuso de autoridad.
Por sus parte, el INP no se pronunció ante la liberación inesperada del galeno, a pesar de que presuntamente la evidencia encontrada era prueba suficiente de un ilícito cometido por uno de sus empleados.
