Honduras

Suspenden proyecto hidroeléctrico rechazado por indígenas en Honduras  

Agua Zarca 'anuncia su decisión de suspender el proyecto hidroeléctrico' en un 'gesto de buena voluntad que contribuirá a reducir la tensión y facilitar una solución en torno al futuro de esta iniciativa de energía limpia y renovable', anotó la empresa

10.07.2017

Tegucigalpa, Honduras
La empresa Agua Zarca de Honduras, señalada en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, suspendió un proyecto hidroeléctrico que desarrollaba en el oeste del país, aunque propuso un diálogo para decidir si lo continúa, informó este lunes la compañía.

Agua Zarca 'anuncia su decisión de suspender el proyecto hidroeléctrico' en un 'gesto de buena voluntad que contribuirá a reducir la tensión y facilitar una solución en torno al futuro de esta iniciativa de energía limpia y renovable', anotó un comunicado de la empresa.

El anuncio fue hecho luego de que los financiadores Netherlands Development Finance Company (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial Limitada (Finn Fund) informaran al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) que se retiran del proyecto.

'Agua Zarca jamás impondrá un proyecto ante ninguna comunidad', aseguró la empresa, que anunció su intención de decidir el futuro de la iniciativa en un diálogo con las comunidades, guiado por organismos internacionales.

Copinh advirtió que el retiro de FMO y Finn Fund 'responde a las denuncias y lucha incansable' en contra del financiamiento 'a proyectos que abiertamente violan los derechos de las comunidades (indígenas) lencas y son impuestos y desarrollados mediante el asesinato de líderes y lideresas como Berta Cáceres y Tomás García'.

'Seguiremos haciendo una lucha permanente en defensa del sagrado Río Gualcarque y los derechos del pueblo lenca', advirtió la organización en un comunicado, en el cual manifesta su temor de que el retiro 'contempla la impunidad por los asesinatos'.

Cáceres, coordinadora del Copinh, fue asesinada en marzo del 2016 por pistoleros que entraron a su casa en La Esperanza (oeste).

Ocho personas están acusadas por el crimen, en cuenta un directivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), a la que pertenece la empresa Agua Zarca, que había amenazado a la ambientalista por oponerse a que construyera una represa en el Río Gualcarque, en territorio indígena lenca. Los trabajos en la represa están suspendisos desde el asesinato de la ambientalista.