Honduras

Honduras: Banadesa reporta propiedades sin sustento legal

26.06.2017

Tegucigalpa, Honduras
El desorden administrativo y financiero del que fue objeto el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) no solo se vio evidenciado en el saqueo de dinero de la institución sino que en la administración y custodia de sus propios bienes.

De acuerdo al informe de auditoría número 004-2013-DASEF-BANADESA-A, al menos cinco activos eventuales propiedad del banco que se encuentran invadidos.

“Al revisar la cuenta de activos eventuales propiedad de la institución, se comprobó que existen terrenos del banco que se encuentran invadidos por personas particulares”, indica el informe. Asimismo, revela que una propiedad ubicada en la ciudad de La Ceiba fue invadida por pandilleros.

Además, revela que no existe evidencia de algunas escrituras públicas de bienes inmuebles propiedad de Banadesa en los archivos institucionales, y de otras solo existen fotocopias.

Por ejemplo, el edificio donde funciona la agencia de La Ceiba no existe escritura pública alguna sobre la propiedad.

47

millones de lempiras
fueron saqueados de
una agencia.

Lo mismo ocurre en las agencias de la ciudad de El Progreso, en Yoro, y Trojes, en El Paraíso. Según el informe el valor real de estas propiedades es 1,308,909.71 lempiras.

Asimismo, se identificó que en los archivos de la institución solo se encuentran fotocopias de las escrituras públicas de 12 inmuebles propiedad de la institución.

+Auditoría revela desorden en administración de Banadesa

Investigación

De acuerdo a lo informado por funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas, parte de este informe ya se encuentra en poder del Ministerio Público para comenzar a ejecutar la acción penal contra los responsables del despilfarro de más de 53 millones de lempiras.

Hechos que ocurrieron durante las administraciones gubernamentales de Manuel Zelaya entre 2006 y 2009, y Porfirio Lobo entre 2010 y 2014.

EL HERALDO consultó en el MP sobre el proceder de una orden de captura contra la exgerente de la agencia de Nueva Palestina, pero el ente acusador informó que ejecutarla le corresponde a la Policía Nacional.